Partido Verde va contra la impunidad municipal: sin cuentas claras, sin reelección

Por Bruno Cortés

El Partido Verde Ecologista de México llevó al Senado de la República una propuesta que pone la rendición de cuentas como condición para seguir en el poder municipal. La senadora por Morelos Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional, con el fin de prohibir que se elijan como alcaldes o presidentes municipales quienes, durante su periodo, no hayan solventado las observaciones derivadas de auditorías. La información fue difundida este domingo 25 de octubre por la Coordinación de Comunicación Social del grupo parlamentario del PVEM, en el boletín 708-2026.

De acuerdo con el boletín, la finalidad es combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en el caso de alcaldes y presidentes municipales. La propuesta se suma a una conversación más amplia en el Congreso sobre el combate a la corrupción, que en semanas recientes incluyó el respaldo del Senado al paquete anticorrupción por parte de la bancada mayoritaria.

El argumento: auditorías que llegan cuando el alcalde ya se va

La senadora explicó que los gobiernos locales enfrentan un grave problema estructural. Las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos, de modo que, cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo.

Esa brecha, según su planteamiento, abre la puerta a que nadie responda por las irregularidades. Guerra Mena agregó que, incluso, en algunos casos no solamente no se rinden cuentas, sino que hay vínculos con la delincuencia organizada.

Cuautla como caso de referencia

Para sostener su propuesta, la legisladora expuso el caso de Jesús «N», expresidente municipal de Cuautla, Morelos. Según la senadora, hoy está vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas y, además, no solventó la cuenta pública de 2020 en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), donde se encontraron diversas irregularidades de la gestión, entre ellas el faltante de 10 millones de pesos en la anterior administración.

Aun con esto, de acuerdo con Guerra Mena, se inscribió para volver a pretender administrar el municipio de Cuautla. Cabe subrayar que una vinculación a proceso no es una sentencia y que la persona señalada mantiene la presunción de inocencia. Para la senadora, sin embargo, el caso muestra la necesidad de un candado legal que hoy no existe.

Lo que se pierde: servicios públicos

El impacto, según la legisladora, no se queda en los expedientes. Las observaciones no solventadas se heredan a las administraciones siguientes y no permiten atender servicios públicos como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos.

Es en esos servicios donde la ciudadanía mide el desempeño de su ayuntamiento, y donde una administración que arranca con pasivos o pendientes de fiscalización tiene menos margen de maniobra.

La lectura política

La iniciativa toca una de las piezas de la reforma político-electoral de 2014: la reelección consecutiva de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional. Desde entonces, esa figura se ha defendido como un mecanismo para que la ciudadanía premie o castigue en las urnas a sus autoridades. La propuesta del Partido Verde agrega un filtro previo: que antes de volver a la boleta se hayan aclarado las cuentas.

El tema conecta con un mensaje que se ha repetido en el propio Senado. Hoy mismo, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, hizo un llamado a exigir cuentas a los gobernantes, una idea que coincide con el espíritu de la iniciativa de Guerra Mena.

Lo que sigue

Finalmente, la senadora por Morelos afirmó que la aprobación de la reforma generaría múltiples ventajas directas para que el país y sus comunidades tengan mejores servicios de calidad y, sobre todo, para identificar a aquellas personas que están observadas por la Auditoría.

Al tratarse de un cambio constitucional, la iniciativa tendrá que ser dictaminada en comisiones y, para prosperar, requerirá mayoría calificada de dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. El debate pondrá a prueba si las distintas fuerzas políticas están dispuestas a ligar la reelección municipal con la rendición de cuentas.