Congreso de CDMX exige aclarar alcances del plan de ordenamiento metropolitano

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso de la Ciudad de México, donde representantes de distintas fuerzas políticas solicitaron aclaraciones sobre sus implicaciones fiscales, urbanísticas y administrativas. Durante una reunión con el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), Enrique Irazoque Palazuelos, también se cuestionaron la participación ciudadana y los mecanismos previstos para coordinar servicios como el agua y la gestión de residuos.

De acuerdo con información del Congreso de la Ciudad de México, el encuentro se realizó el 15 de octubre en el recinto legislativo de Donceles, con la participación de integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), encabezada por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, y del presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Alberto Vanegas Arenas.

Uno de los principales puntos de discusión fue la posibilidad de que el programa tuviera repercusiones en el impuesto predial y en los valores catastrales de terrenos e inmuebles. Ante estas inquietudes, Bravo Espinosa sostuvo que el POZMVM no elimina las facultades del Congreso capitalino para legislar y dictaminar el Código Fiscal, donde se establece el marco del impuesto predial. Asimismo, afirmó que no existe un aumento a dicho gravamen derivado del programa.

Por su parte, el diputado Diego Garrido López, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que su bancada considera necesario atender las preocupaciones de la población sobre los posibles efectos del instrumento metropolitano. El legislador expuso nueve aspectos que, a su juicio, representan riesgos para la economía de los habitantes y planteó que sean retirados del documento.
Las diferencias no se limitaron al ámbito fiscal. El diputado Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, cuestionó el proceso de elaboración del POZMVM y consideró insuficientes las mesas de trabajo y la participación de las alcaldías. También sostuvo que, debido a la dimensión del programa y su impacto en millones de habitantes, la consulta debe partir de información accesible y comprensible para la ciudadanía.

En la misma línea, la diputada Tania Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que su bancada identificó 11 puntos que requieren aclaración. Entre ellos mencionó la gestión de residuos, la distribución del agua y la propuesta de establecer consorcios o empresas metropolitanas para operar y financiar obras de infraestructura y servicios. La legisladora advirtió que estos planteamientos deben revisarse frente a las disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Otro de los temas expuestos fue la adecuación de los instrumentos de planeación urbana. El diputado Manuel Talayero Pariente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó inquietudes sobre las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, particularmente respecto al plazo previsto para que los programas metropolitanos y municipales realicen ajustes.

Ante los cuestionamientos, Irazoque Palazuelos defendió la necesidad de actualizar el instrumento de planeación, al señalar que el programa vigente data de 1998. Explicó que el nuevo POZMVM pretende establecer una ruta de coordinación entre el Gobierno federal y las entidades que integran la región: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
El funcionario detalló que la propuesta contempla seis ejes temáticos: regulación ambiental; fortalecimiento agroecológico y biocultural; reducción de la desigualdad; desarrollo económico; crecimiento urbano planificado, y control del hacinamiento urbano. Según lo expuesto durante la reunión, estos componentes buscan orientar las decisiones territoriales a corto, mediano y largo plazos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en la zona metropolitana.

Sin embargo, la explicación de los objetivos generales no elimina la necesidad de precisar cómo se aplicarán las medidas, qué autoridades serán responsables de ejecutarlas y cuáles serán sus consecuencias para los gobiernos locales y la población. Las dudas planteadas por las bancadas evidencian que el debate no se limita a la actualización de un documento técnico, sino que involucra decisiones sobre el crecimiento urbano, la infraestructura, los recursos naturales y las atribuciones de las instituciones.

El alcance regional del POZMVM también representa un desafío de gobernanza. La coordinación entre cuatro entidades requiere acuerdos sobre competencias, financiamiento y prioridades públicas, además de mecanismos que permitan conocer y atender las observaciones de habitantes, alcaldías y sectores involucrados. En este sentido, la demanda de mayor información y participación ciudadana constituye uno de los principales pendientes señalados durante el encuentro.

La reunión entre la JUCOPO y METRÓPOLIS permitió exponer las diferencias políticas y solicitar aclaraciones, pero la información difundida por el Congreso no detalla una resolución definitiva sobre los puntos cuestionados. Por ello, el seguimiento del programa dependerá de las precisiones que presenten las autoridades y de la claridad con que se establezcan sus alcances jurídicos, fiscales y operativos antes de su implementación.

Fuentes: Congreso de la Ciudad de México, Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS).