De la discriminación al daño de monumentos: CDMX plantea nuevas multas por faltas cívicas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica capitalina que plantea ampliar las conductas sancionables, elevar las multas hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA) e incorporar medidas de reparación simbólica. La propuesta contempla castigos por actos discriminatorios, daños al patrimonio, afectaciones ambientales y conductas relacionadas con el maltrato animal; sin embargo, las nuevas disposiciones todavía requieren la aprobación del Congreso de la Ciudad de México para entrar en vigor.

De acuerdo con los términos de la iniciativa, las sanciones económicas podrían alcanzar aproximadamente 7 mil 38 pesos, además de arrestos de hasta 36 horas y jornadas de trabajo comunitario de hasta 18 horas. El alcance de estas medidas dependerá del tipo de infracción, las circunstancias de cada caso y los criterios que apliquen las autoridades cívicas.

Entre las conductas que se busca incorporar o precisar se encuentra la ocupación indebida de asientos reservados en el Metro y otros espacios, cuando no se cumplan los requisitos para utilizarlos. También se propone sancionar actos de violencia, hostigamiento o discriminación contra personas que expresen afecto en la vía pública mediante besos, abrazos o caricias.

La iniciativa plantea, además, sancionar la negativa de acceso a inmuebles de uso público cuando esté motivada por la apariencia, los prejuicios o los estereotipos, así como el trato diferenciado sin justificación. Estas disposiciones buscan establecer consecuencias cívicas ante conductas discriminatorias, aunque su aplicación dependerá de la redacción definitiva que apruebe el Poder Legislativo.

En materia de protección del patrimonio, el proyecto contempla multas de 20 a 50 UMA para quienes dañen mobiliario urbano, estatuas o monumentos de valor histórico. A la sanción económica se sumaría la obligación de reparar los daños materiales, por lo que el costo para la persona responsable podría superar el monto de la multa.

La propuesta también incorpora conductas que afectan la salud pública y el medio ambiente, como encender fogatas, quemar llantas o residuos en la vía pública y contaminar agua potable. En el ámbito de la protección animal, considera sancionar prácticas como rifar o rentar animales con fines de lucro y abandonarlos en espacios públicos, además de contemplar acciones preventivas y de sensibilización, así como la intervención de la Agencia de Atención Animal.

Uno de los cambios centrales consiste en elevar los rangos de las multas según la clasificación de las infracciones. Conforme a los datos de la iniciativa, las faltas tipo A pasarían de uno a 10 UMA a un rango de 11 a 40 UMA; las tipo B, de 11 a 40 UMA a entre 21 y 50 UMA; y las tipo C, de 21 a 30 UMA a entre 31 y 60 UMA. Los ajustes para las infracciones de los tipos D, E y F contemplan mantener o modificar los periodos de arresto, con sanciones que podrían alcanzar las 36 horas.

El proyecto prevé que los jueces cívicos tomen en cuenta la situación económica, social y personal de quienes cometan una infracción al determinar la sanción correspondiente. También propone que determinados casos con multas inferiores a 50 UMA puedan atenderse ante un juez cívico en lugar de remitirse directamente al Ministerio Público, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables.

Otro componente es la reparación simbólica, que podría incluir disculpas públicas, compromisos de no repetición y otras acciones restaurativas. Este enfoque busca complementar las sanciones económicas o administrativas; no obstante, su efectividad dependerá de los mecanismos de seguimiento, la claridad de los procedimientos y la capacidad de las autoridades para garantizar que las medidas se cumplan.

La discusión legislativa será determinante para definir los alcances finales de la reforma, las conductas que quedarán expresamente tipificadas y las garantías para evitar aplicaciones arbitrarias. El incremento de las multas también plantea la necesidad de asegurar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de las faltas y a la capacidad económica de las personas infractoras.

La iniciativa deberá analizarse y votarse en el Congreso capitalino antes de que sus nuevas disposiciones puedan aplicarse. Por ello, los montos, las clasificaciones y las medidas planteadas corresponden a una propuesta legislativa y no deben interpretarse como sanciones nuevas que ya estén vigentes en la Ciudad de México.

Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México, iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica; Congreso de la Ciudad de México, instancia responsable del análisis y eventual aprobación de la propuesta.