Reclutar para el crimen por medios electrónicos tendría cárcel

Por Bruno Cortés

Invitar o enganchar a una persona para que se sume a un grupo criminal a través de medios electrónicos, impresos o de cualquier otro tipo podría castigarse con 10 a 20 años de prisión. Así lo prevé la minuta que el Senado de la República recibió este miércoles 21 de octubre de la Cámara de Diputados y que fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

El proyecto reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para crear el delito de reclutamiento con fines delictivos. Su redacción sanciona a quien, “por medios impresos, electrónicos o cualquier otro”, invite, induzca, incorpore o reclute, directamente o por medio de otra persona, a una o más personas para integrarse a la delincuencia organizada o realizar actividades vinculadas con ella.

Por qué importan los medios electrónicos

Incluir de forma expresa los medios electrónicos tiene relevancia práctica. En los últimos años, autoridades y organizaciones civiles han documentado ofertas de trabajo falsas difundidas por internet y aplicaciones de mensajería, con las que se atrae a jóvenes que después son obligados a trabajar para grupos delictivos. Con un tipo penal que nombre esa vía, la fiscalía no tendría que forzar otras figuras para perseguir a quien recluta a distancia.

La pena base, de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días multa, se aplicaría con independencia de las sanciones por otros delitos que se cometan. Si el reclutamiento se realiza mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, se considerará reclutamiento forzado y la sanción subiría de 15 a 25 años de cárcel y de 10 mil a 80 mil días multa.

Agravantes en la minuta

Las penas podrían elevarse hasta en una mitad en varios supuestos: que quien recluta haya trabajado en seguridad privada y use información o capacitación obtenida ahí; que sea servidor público; que la víctima sea indígena, afromexicana o esté en situación de movilidad humana; que se causen lesiones o se usen tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles; que la víctima tenga habilidades especializadas, o que el responsable haya pertenecido a corporaciones de seguridad o a la Fuerza Armada Permanente.

Para los servidores públicos se añadiría la destitución y la inhabilitación por un periodo igual al de la prisión, contado a partir de que ésta se cumpla.

Incentivo para quien colabore

Uno de los puntos que podría generar debate en comisiones es el beneficio por colaboración. La minuta plantea reducir hasta una tercera parte la pena a la persona autora o partícipe que proporcione a la autoridad información relevante, corroborada con otros datos o medios de prueba, que permita esclarecer los hechos o identificar a otros responsables. La figura busca romper la cadena de mando de las redes de reclutamiento, que suelen operar con intermediarios.

La reforma recoge propuestas que se discutieron durante meses en San Lázaro, como la de propuesta para castigar el reclutamiento forzado con hasta 30 años y la estrategia de diputados contra el reclutamiento infantil. Ahora corresponde a los senadores revisar si la aprueban en sus términos o la modifican, en cuyo caso tendría que regresar a la colegisladora.

Otra minuta: el Código Nacional de Procedimientos Civiles

En la misma sesión llegó al Senado la minuta que reforma disposiciones transitorias del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio de 2023. El objetivo es ampliar el plazo de implementación para que la entrada en vigor sea gradual y acorde con las condiciones presupuestarias, tecnológicas y operativas de los poderes judiciales. Este medio informó sobre el aplazamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles durante su paso por la Cámara de Diputados. Ambas minutas quedaron en manos de las mismas comisiones.