Código Nacional de Procedimientos Civiles se aplaza hasta 2030

Por Bruno Cortés

La Cámara de Diputados aprobó este martes 20 de octubre ampliar hasta el 1 de abril de 2030 el plazo para que entre en vigor en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya fecha límite vigente era el 1 de abril de 2027. El dictamen fue avalado con 363 votos a favor, 57 en contra y cero abstenciones en lo general, y con 367 a favor, 60 en contra y 2 abstenciones en lo particular, y se turnó al Senado, de acuerdo con Latinus, Quadratín y Hoja de Ruta Digital.

El código fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023 con el objetivo de homologar en un solo ordenamiento las reglas de los juicios civiles y familiares, que hasta entonces dependían de los códigos procesales de cada entidad. Su aplicación es gradual y depende de que los poderes judiciales locales y los congresos estatales emitan declaratorias y hagan las adecuaciones necesarias.

Por qué se aplaza el Código Nacional de Procedimientos Civiles

En la tribuna, el diputado de Morena Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, defendió la ampliación con el argumento de que los poderes judiciales locales necesitan más tiempo para completar la transición a un modelo que privilegia la oralidad y los medios electrónicos, según Latinus. El priista Rubén Moreira señaló que solo cuatro entidades lo han implementado: Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Baja California.

El también priista Emilio Suárez puso el acento en la falta de recursos para que los tribunales estatales adopten el nuevo código. En la discusión también participaron Gustavo de Hoyos, de Movimiento Ciudadano, y Mary Carmen Bernal, del Partido del Trabajo, de acuerdo con Quadratín y Latinus.

La panista Margarita Zavala presentó reservas al dictamen. Según la información de la sesión, la bancada del PAN aportó 59 votos a favor de la ampliación, y las diputadas Magda Érika Salgado y Olga Sánchez Cordero se abstuvieron. El debate se dio en una jornada en la que San Lázaro también discutió otros temas de la agenda de justicia, como informamos en Noticias de México sobre la laguna que congela indemnizaciones de exfiscales, jueces y magistrados.

Qué significa la prórroga para quienes tienen un juicio

Mientras el código nacional no entre en vigor en una entidad, los juicios civiles y familiares se siguen tramitando conforme al código procesal local. Esto incluye divorcios, pensiones alimenticias, custodias, controversias por arrendamiento, cobro de deudas y sucesiones. Con la ampliación, las personas que viven en los estados que aún no lo aplican seguirán bajo las reglas actuales hasta que su poder judicial complete la transición, con 2030 como fecha máxima. Quien tenga dudas sobre qué reglas aplican a su caso puede consultarlo en el juzgado que lleva su asunto o con la defensoría pública de su estado.

El nuevo modelo plantea audiencias orales, expedientes y notificaciones electrónicas, y plazos más cortos, con el objetivo de reducir la duración de los juicios. Su implementación coincide con la reorganización de los poderes judiciales tras la reforma judicial, un proceso que también enfrenta retos operativos, como se ha visto en los preparativos de la elección judicial de 2028 en la Ciudad de México.

La discusión se suma a una agenda legislativa cargada en la Cámara de Diputados durante octubre, en la que también se analizan el Paquete Económico 2027 y otras reformas, como la reserva fiscal para empresas que anunció Ricardo Monreal.

El retraso no es nuevo. Desde su publicación en 2023, el código nacional ha avanzado de manera desigual porque cada entidad debe emitir su declaratoria de incorporación, adaptar salas de audiencia, digitalizar expedientes y capacitar a jueces, secretarios y defensores. Con solo cuatro entidades operándolo, la mayoría de los estados quedaba a menos de año y medio de un plazo que difícilmente podrían cumplir.

Lo que sigue en el Senado

La minuta pasa ahora al Senado de la República, que deberá aprobarla antes del 1 de abril de 2027 para evitar que el código entre en vigor de forma obligatoria en estados que no están preparados. Quedan pendientes la fecha de discusión en la Cámara alta, el calendario de implementación por entidad y la definición de recursos federales o estatales para capacitar a jueces y personal. Noticias de México dará seguimiento al proceso.