Ciudad de México, 21 de diciembre de 2023 – En un fallo histórico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que el Estado mexicano tiene la responsabilidad ineludible de garantizar el suministro de medicamentos a sus ciudadanos. Este pronunciamiento marca un precedente crucial en la lucha por el derecho a la salud en México, subrayando que la vida, la integridad y la seguridad de las personas dependen directamente de un acceso efectivo a los tratamientos médicos necesarios.
La resolución de la Corte surgió a raíz de un amparo presentado por un paciente contra un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El paciente, ante la falta de suministro oportuno de un medicamento esencial para su enfermedad, se vio obligado a adquirirlo por su cuenta. Posteriormente, solicitó el reembolso de los gastos incurridos, llevando su caso ante las autoridades y un Juez de Distrito, quien inicialmente desestimó el juicio.
La situación cambió cuando el paciente interpuso un recurso de revisión, llevando su caso hasta la Primera Sala de la SCJN. La Corte determinó que la omisión del IMSS en proporcionar el medicamento a tiempo constituye una violación del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Este fallo subraya que al no entregar los medicamentos necesarios, el Estado incumple con su obligación de garantizar el derecho a la salud, tal como lo estipulan los artículos 1 y 4 de la Constitución Mexicana.
El dictamen de la SCJN no solo implica la necesidad de reembolsar al paciente los gastos generados por la compra de su medicamento, sino que también establece un precedente legal importante en México. Este fallo refuerza la obligación del Estado de asegurar un acceso ininterrumpido a tratamientos médicos esenciales, un paso significativo en la protección de los derechos de los pacientes y en la garantía de una atención sanitaria digna y efectiva.
Este veredicto representa una victoria para los derechos humanos en México, especialmente en el ámbito de la salud. Refuerza el compromiso del Estado hacia sus ciudadanos y establece una base legal para futuros casos donde la salud y el bienestar de los pacientes estén en juego.
