Sheinbaum advierte sanciones por presunto ingreso de agentes de la CIA
La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este sábado una postura legal contundente al advertir que se sancionará conforme a derecho a cualquier funcionario público que haya facilitado el ingreso o la operación encubierta de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, tras reunirse en el aeropuerto de Ciudad Juárez con la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
La advertencia presidencial coloca el foco sobre la cadena de mando que autorizó o consintió la incursión de elementos de inteligencia estadounidenses en un operativo antidrogas local, una acción expresamente regulada y restringida por las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprobadas en 2020. Estas disposiciones obligan a transparentar ante la Federación toda actividad foránea en suelo mexicano.
El encuentro privado se produjo tras semanas de tensión intergubernamental generadas por la falta de un parte informativo oficial conjunto que aclarara qué corporación permitió la presencia de los agentes en la zona de intervención. La presidencia exigió la apertura inmediata de expedientes administrativos para deslindar posibles responsabilidades civiles, penales y de orden federal.
Desde su trinchera, la gobernadora Maru Campos sostuvo que su administración se apega a la legalidad vigente pero enfatizó que no renunciará a combatir con todas las capacidades del Estado al crimen organizado, subrayando su postura de defender la soberanía operativa de Chihuahua frente al avance de grupos delictivos de alta capacidad de fuego.
El caso pone a prueba la estricta vigilancia sobre la soberanía territorial proclamada por el Ejecutivo federal frente a las presiones de las agencias de seguridad estadounidenses en la franja fronteriza. Los órganos de inteligencia civil y militar tienen la encomienda de rastrear no solo los permisos de armamento, sino también el uso de vehículos oficiales y bases operativas facilitadas a personal externo.
Especialistas en derecho constitucional señalan que las sanciones a servidores públicos involucrados en violaciones a los protocolos de seguridad nacional pueden alcanzar responsabilidades penales graves por usurpación de funciones y omisión de deberes. La legislación mexicana prohíbe taxativamente que personal de seguridad extranjero ejecute detenciones o porte armamento en operativos directos.
El proceso de fiscalización continuará mediante la revisión de bitácoras de vuelo, registros migratorios en terminales privadas y radiocomunicaciones de los cuerpos policiacos estatales. El resultado de estas auditorías definirá los cargos que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República presentarán ante tribunales federales.
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