Angélica Beltrán, Noticias de México
CDMX a 19 de mayo del 2026 (Noticias de México).- El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, vigente desde 1980, permite al Ejecutivo federal mexicano negar la entrega de una persona cuando las pruebas presentadas por Washington no sean suficientes para justificar, según la legislación mexicana, el inicio de un proceso penal o el cumplimiento de una sentencia.
Esta causal facultativa es precisamente la que invocó la presidenta Claudia Sheinbaum para rechazar la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.Firmado el 4 de mayo de 1978 y entrado en vigor el 25 de enero de 1980, el tratado reemplazó al viejo acuerdo de 1899 y fue actualizado con un Protocolo en 1997 que incorpora la entrega temporal de personas.
Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado.Entre sus principios fundamentales destacan la doble incriminación —el hecho debe ser delito en ambos países y sancionable con al menos un año de prisión— y la obligación general de extraditar, salvo causales expresas de denegación.
Procedimiento y causales de denegaciónEl tratado permite la detención provisional inmediata, pero el país requirente cuenta con solo 60 días para presentar la documentación completa y las pruebas. Estas deben ser suficientes, según las leyes del país requerido (en este caso México), para justificar el inicio de un proceso penal o el cumplimiento de una sentencia.
Aunque existen causales obligatorias de denegación —como delitos políticos, doble enjuiciamiento, prescripción o nacionalidad—, el tratado también contempla causales facultativas que otorgan discrecionalidad al Ejecutivo. Entre ellas destacan:
- Riesgo de pena de muerte sin garantías.
- Motivos discriminatorios.
- Insuficiencia de pruebas, la más relevante en el caso actual.
“Las pruebas presentadas no cumplen con los estándares que exige la legislación mexicana”, han señalado fuentes cercanas a la decisión presidencial. Pese a las fuertes críticas políticas y cuestionamientos desde la oposición, la decisión de Sheinbaum se encuentra respaldada por el propio texto del tratado y por la Ley de Extradición Internacional.
El tratado sigue plenamente vigente y combina disposiciones internacionales con el debido proceso constitucional mexicano, priorizando tanto la cooperación bilateral como la soberanía y las garantías individuales.
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