Sebastián Cortés, Noticias de México
Ciudad de México a 19 de mayo del 2026 (Noticias de México). — La presencia de agentes extranjeros, principalmente estadounidenses de agencias como la DEA, CIA y FBI, ha sido una constante en la historia de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, pero también fuente recurrente de controversias por presuntas violaciones a la soberanía nacional.La intervención más polémica del siglo XX ocurrió en 1985 con la Operación Leyenda.
Tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en Guadalajara, agentes estadounidenses realizaron acciones unilaterales en territorio mexicano, incluyendo detenciones y traslados de sospechosos, lo que generó fuertes protestas del gobierno mexicano.Durante la Iniciativa Mérida (lanzada en 2007 bajo Felipe Calderón), la cooperación se intensificó.
Decenas de agentes de la DEA operaron en México con funciones de inteligencia y apoyo, aunque siempre bajo el marco de “enlace”. Sin embargo, casos como el arresto en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos (2020) sin previa notificación a México reavivaron las tensiones y llevaron a una reforma clave.
En diciembre de 2020, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional que definieron claramente el estatus de “agentes extranjeros”: solo pueden realizar labores de enlace e intercambio de información, con autorización previa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y aprobación del Gabinete de Seguridad. Les prohíbe expresamente realizar detenciones, allanamientos o encabezar operativos, y les retiró cualquier inmunidad judicial.
El caso más reciente: Chihuahua 2026
En abril de 2026, un operativo en la Sierra Tarahumara (municipio de Morelos, Chihuahua) para desmantelar laboratorios de fentanilo y metanfetamina terminó en tragedia: murieron dos agentes mexicanos de la Fiscalía estatal y dos agentes estadounidenses, identificados por medios como miembros de la CIA.
Según reportes, los agentes extranjeros participaron directamente en la acción sin autorización federal previa, lo que ha generado acusaciones de violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. El caso ha escalado políticamente, con el Senado analizando posibles responsabilidades de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la Fiscalía General de la República (FGR) investigando los hechos.
A lo largo de la historia, México ha mantenido la postura oficial de que cualquier operación en su territorio debe respetar la soberanía, mientras que Estados Unidos ha argumentado la necesidad de cooperación práctica contra el crimen transnacional. La tensión entre ambos enfoques sigue vigente.
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