Por Juan Pablo Ojeda
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó este viernes 17 de abril que el registro constitutivo de la Iglesia de la Luz del Mundo ante el Estado mexicano continúa vigente y con plenos efectos legales. No obstante, la funcionaria aclaró que la licencia de su líder espiritual, Naasón Joaquín García, se encuentra suspendida debido a que el ministro de culto cumple actualmente una condena de 16 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos por abuso sexual infantil.
Rodríguez detalló que la inhabilitación del permiso de García ante la autoridad competente no es reciente, sino que «ya tiene algunos meses» sin efectos. La titular de la política interna del país enfatizó que la sanción administrativa es estrictamente individual y no afecta la personalidad jurídica de la organización religiosa como asociación de culto en México.
La aclaración gubernamental ocurre en una semana donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido blanco de críticas tras revelarse un presunto cierre de investigaciones locales contra García y otros líderes de la congregación. Colectivos de víctimas señalan que la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores autorizó el «no ejercicio de la acción penal» el pasado 17 de diciembre de 2025.
Este movimiento judicial, calificado por las víctimas como un «carpetazo», se dio apenas dos semanas después de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR. Las denunciantes originales, Sóchil Martin y Sharim Guzmán, sostienen que existen pruebas suficientes, incluyendo testimonios de abuso sexual y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para mantener la persecución penal.
En términos financieros, la estructura de la Luz del Mundo ha enfrentado un escrutinio severo; en 2020, la UIF bloqueó seis cuentas bancarias ligadas a la organización que sumaban 356 millones de pesos por sospechas de lavado de dinero. El expediente también vincula a la iglesia con un grupo denominado «Yaser», cuyos 38 integrantes fueron detenidos en Michoacán bajo cargos de recibir entrenamiento paramilitar.
La batalla legal se ha trasladado ahora a los juzgados federales de Jalisco. Tras la impugnación del archivo del caso, el juez de control Juan José Rodríguez Velarde reprogramó la audiencia de revisión para el próximo 27 de abril en el complejo de Puente Grande, donde se determinará si la FGR debe reabrir las pesquisas.
El registro oficial de la iglesia otorga a la agrupación derechos de culto, pero la suspensión de la licencia de su líder máximo subraya el distanciamiento administrativo de la Segob frente a un personaje sentenciado por crímenes graves en el extranjero, mientras la justicia mexicana define el destino de las causas locales.
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