Inhabilitan por tres años a empresas del segundo piso del bulevar metropolitano en Zacatecas

Por Bruno Cortés

Zacatecas, Zac.— Por tres años, las constructoras del segundo piso del bulevar metropolitano no podrán participar en procesos de contratación ni firmar contratos con el sector público. Así lo resolvió este lunes 10 de noviembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas, que además les impuso una multa de un millón 783 mil 110 pesos por subcontratación prohibida.

El anuncio lo hizo el titular de la dependencia, Ernesto González Romo, en una conferencia de prensa que se realizó a pesar de la hora avanzada, porque, dijo, era importante compartir la información. Frente a él, sobre una mesa, había cajas de archivo que concentran un expediente de más de 21 mil fojas.

Las empresas sancionadas son Calzada Construcciones S.A. de C.V. y Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V., pertenecientes al Grupo ICSA. La resolución ya les fue notificada y pueden interponer los recursos que la ley les concede. Si la determinación queda firme, la inhabilitación tendría efectos en todo el país y les impediría celebrar contratos con autoridades de cualquier nivel de gobierno.

El primer procedimiento de cuatro ya tiene resolución

González Romo explicó que la sanción corresponde al primero de cuatro procedimientos abiertos en torno a la obra. «Esta autoridad ha determinado imponer a los contratistas Calzada Construcciones S.A. de C.V. y Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V. el pago de una multa por la cantidad de un millón setecientos ochenta y tres mil ciento diez pesos», afirmó. También se resolvió inhabilitar a ambas constructoras para participar en procesos de contratación y celebrar contratos durante tres años.

«La conducta que se está sancionando es la subcontratación prohibida en el contrato y prohibida por la Ley de Obra Pública del Estado de Zacatecas», puntualizó el secretario.

Quedan una auditoría y dos procesos más

Además del caso ya resuelto, la SFP sigue una auditoría, un segundo procedimiento administrativo sancionador y una investigación. En el segundo procedimiento se analizan 18 facturas por 16 millones 772 mil pesos, para determinar si hubo simulación de actividades, subcontrataciones o gastos que no correspondan a trabajos realmente ejecutados. Ese expediente está suspendido de forma temporal, a petición de la propia empresa, para explorar una posible conciliación.

La auditoría lleva un avance de alrededor del 80 por ciento y abarca desde la planeación hasta los procedimientos de ejecución de la obra. La investigación más amplia contempla unos 250 millones de pesos y suma 11 denuncias. El objetivo es esclarecer si, al integrar los gastos del finiquito, se documentaron actividades simuladas o se justificaron recursos que no fueron devengados.

De acreditarse irregularidades en esa investigación, González Romo anticipó que se dará vista a las autoridades fiscales y judiciales, a fin de que se determinen responsabilidades en materia tributaria y, en su caso, penal.

De la licitación a la terminación anticipada

El contrato del segundo piso se firmó el 24 de enero de 2024, tras una licitación pública nacional, por 3 mil 562 millones 536 mil 580 pesos con ocho centavos. Se entregó un anticipo de 547 millones de pesos a través de un fideicomiso. La obra, sin embargo, quedó detenida por siete suspensiones definitivas dictadas por jueces de distrito en Zacatecas, sin una fecha cierta de conclusión.

Por esa razón, el 13 de junio de 2025 arrancó el procedimiento de terminación anticipada. El finiquito transcurrió del 30 de julio al 8 de agosto de 2025, periodo en el que las compañías presentaron gastos por los trabajos ejecutados y por otros conceptos ligados al proyecto.

El volumen del expediente —estimaciones, proyectos, facturas y comunicaciones entre contratistas y autoridades— explica, según el secretario, por qué la auditoría y la investigación de los 250 millones de pesos tomarán más tiempo, mientras que el segundo procedimiento administrativo podría resolverse en un plazo más corto. González Romo ofreció a la prensa copias físicas de la resolución dada a conocer este lunes.