Reforma a la Ley del Servicio Exterior: la SRE informaría al Senado en 48 horas

Por Bruno Cortés

Una iniciativa de senadores del PAN propone reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) esté obligada a informar al Senado de la República, en un plazo no mayor a 48 horas, cada vez que active un nuevo Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia. El proyecto, dado a conocer este sábado 7 de noviembre de 2026 en el boletín 0420 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, fue turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda.

El planteamiento combina dos piezas: una facultad nueva para la cancillería y un mecanismo de control desde la Cámara alta. Con la modificación propuesta, se facultaría a la SRE a establecer el protocolo, que deberá entrar en acción dentro de las primeras 24 horas luego de que ocurra una situación extrema o un contexto de fuerza mayor.

Qué cambiaría en la Ley del Servicio Exterior

De acuerdo con el boletín, los senadores de Acción Nacional propusieron la reforma con el propósito de dotar al Estado de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a connacionales en el extranjero. El protocolo, precisaron, debe incluir tres componentes: una evaluación de riesgos a la integridad física de todos los mexicanos en la demarcación, país o región de que se trate; notificaciones de seguridad a la comunidad mexicana afectada, y asistencia jurídica y logística inmediata.

Los legisladores reiteraron que el proyecto busca que ese protocolo contribuya a los trabajos de planeación para identificar riesgos, adelantar necesidades ante situaciones críticas y coordinar tareas para la adecuada defensa de la integridad física, los derechos humanos y los mejores intereses de los mexicanos en el extranjero.

La propuesta se suma a otras iniciativas recientes en el Senado que buscan modificar la forma en que la cancillería atiende a la población mexicana fuera del país, como la reforma a la LOAPF planteada por Geovanna Bañuelos para que la SRE cree un expediente consular.

El papel del Senado

La obligación de informar al Senado en 48 horas es el elemento que vincula directamente al Legislativo con la operación del protocolo. Según el boletín, los senadores propusieron estipular en la norma que la SRE informe a la Cámara alta sobre los casos en que se active el Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, en un plazo no mayor a ese periodo.

La iniciativa no detalla, en lo difundido por Comunicación Social, qué contenido tendría ese informe ni qué comisión lo recibiría; esos aspectos corresponderán, en su caso, al análisis de las comisiones dictaminadoras. La relación entre el Senado y la cancillería en materia de política exterior ya ha tenido momentos recientes de alta visibilidad, como la comparecencia de Roberto Velasco ante el Senado.

Supuestos de activación

Los senadores del PAN señalaron que el mecanismo se activaría ante detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros o imposición de la pena de muerte; violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos, así como amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.

También contemplaría riesgos derivados de conflictos armados, crisis severas de estabilidad política y jurídica, y emergencias ocasionadas por desastres naturales. El boletín resume el espíritu de la propuesta en una línea: se activaría en situaciones extremas como en un conflicto bélico, para proteger a los connacionales.

El diagnóstico detrás de la reforma

Los legisladores destacaron que México es un referente en materia de protección y asistencia consular, cuya finalidad es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y evitar que queden en situación de indefensión ante posibles violaciones a sus derechos. Esa labor, recordaron, busca asistir a los mexicanos arrestados, detenidos o en prisión y, en su caso, organizar su defensa ante los tribunales del Estado receptor e informar sobre una amplia gama de asuntos para evitarles daños y perjuicios indebidos.

No obstante, reconocieron que los funcionarios de consulados y embajadas enfrentan dificultades para cumplir adecuadamente con esta labor, entre ellas la alta demanda de atención en situaciones de extrema gravedad, particularmente durante conflictos bélicos. Como antecedente, señalaron que la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente “dejó la impresión de que las acciones para la protección de los mexicanos en la región no fueron lo expeditas e integrales que debieron haber sido”, y explicaron que, si bien no se han reportado daños a connacionales, otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos.

El servicio consular mexicano ha sido objeto de otros ajustes recientes, como el anuncio de que México refuerza el servicio consular en Estados Unidos. La iniciativa del PAN apunta a otro frente: la reacción en emergencias.

Próximos pasos

La iniciativa fue suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN y quedó en manos de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda, que deberán analizarla. El boletín no menciona plazos para su dictamen.