Durante su participación en el Congreso virtual Transparencia y Justicia Abierta en el marco de COVID-19, planteó que el próximo proceso electoral partirá de un contexto inédito por los estragos causados por la pandemia; en ese sentido, sostuvo que el principal reto del Estado será fortalecer la democracia deliberativa, en la que ciudadanos puedan participar en condiciones de libertad e igualdad.

En la mesa “Información y Justicia Abierta para una democracia electoral con equidad en tiempos del COVID-19”, Ibarra Cadena expuso que los procesos electorales equitativos se deben entender en dos vertientes, por un lado, que todos los partidos políticos partan de condiciones igualitarias en la competencia por la representación democrática, y por otro, que se garantice la participación plena de las mujeres en los procesos para ocupar candidaturas a cargos públicos representativos, así como en la integración de los órganos del Estado.

“En esa tesitura, las instituciones del Estado cobran una vital importancia para hacer posible las garantías del debido proceso legal democrático, por un lado, las que garantizan la posibilidad de saber e informarse y, por otro, las que custodian las precondiciones del derecho a elegir, libremente, a los representantes democráticos”, subrayó.

La Comisionada del INAI planteó que si bien, en materia de justicia abierta, México cuenta con calificaciones aceptables en rankings internacionales, existen retos importantes en el panorama del Estado de Derecho que requieren de la máxima atención para la consolidación democrática, por lo que propuso avanzar de manera conjunta en una estrategia robusta en la materia que contribuya a cerrar las asimetrías en el acceso a una justicia pronta y expedita.

“Sin duda, la democracia constituye un ejercicio incesante de diálogo social, donde la información y los argumentos son indispensables para gobernar y enfrentar con mayores probabilidades de éxito los problemas. Si hay certidumbre institucional, es más probable que se genere mayor certidumbre social y, desde luego, una mejor respuesta para enfrentar los problemas del país y esperar el desarrollo de un proceso electoral en condiciones democráticas y equitativas.

Ibarra Cadena refrendó el compromiso irrestricto del INAI de servir a la población y garantizar el derecho a saber para la toma de decisiones ante el proceso electoral que se avecina.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, destacó que, en el ámbito político electoral, la equidad debe ser un principio para establecer reglas que generen condiciones de participación democrática igualitaria y medidas para evitar la discriminación y la inequidad en la contienda.

“Un régimen democrático solamente es equitativo cuando el Estado propicia las condiciones y mecanismos para que, entre otros supuestos, todas las personas contiendan en igualdad de condiciones y accedan a prerrogativas para contender bajo parámetros justos”, indicó.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, señaló que la crisis sanitaria plantea la necesidad de reinventar los procesos electorales, lo cual supone como retos principales la transparencia y el derecho a saber para explicar a la sociedad la toma de decisiones sobre los cambios en la organización de las elecciones y defender la autonomía de los órganos electorales.

“En los tiempos que corren, en el mundo y en nuestro país, tenemos el desafío de refrendar y ejercer día a día la defensa de la autonomía de los órganos electorales y de la función electoral frente a las pretensiones que vienen de muchos lados de erosión, captura o subordinación por parte de los Poderes”, advirtió.

Carla Astrid Humphrey Jordan, Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó que la UIF es una aliada permanente de las autoridades electorales para combatir la corrupción y el financiamiento ilícito de las campañas electorales, ese dinero que fluye de o hacia los partidos políticos y las candidaturas para ocupar un espacio público.

“Desde ahora podemos tener esta sinergia para utilizar los mecanismos que nos proporcionan las herramientas tecnológicas y poder tener una adecuada liga de trabajo con las autoridades electorales desde el ámbito de la Inteligencia Financiera, que sirve para denunciar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, pero también casos de corrupción” dijo.

Finalmente, José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, mencionó que enfocarán su atención en dos sujetos importantes que pueden alterar el equilibrio necesario para las elecciones, el Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de los estados, porque de ellos ha devenido el 90 por ciento de las irregularidades y fraudes.

“En 2021 será una prueba de fuego para todas las instituciones vinculadas con el sistema electoral, México tiene una tradición terrible de fraudes e irregularidades electorales, las cuales han ido disminuyendo por lo menos en 2015 y 2018, se llegó a elecciones limpias y justas”, apuntó.

La mesa fue moderada por Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada de la Sala Regional Monterrey del TEPJF.