Ciudad de México, 11 de enero de 2024. Un tribunal de apelación en el Estado de México ha anulado la sentencia de diez años de prisión impuesta a María de los Ángeles Pineda Villa, ordenando la reposición del proceso penal en su contra. Pineda Villa, acusada de delincuencia organizada, vínculos con delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se enfrenta a un nuevo juicio que podría cambiar el curso de su caso.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de México instruyó al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales a admitir las pruebas presentadas por la defensa de Pineda Villa, incluyendo copias de una sentencia que demostraría que Sidronio Casarrubias Salgado, exlíder del grupo criminal Guerreros Unidos, fue torturado para declarar en su contra y contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala y esposo de Pineda Villa.
Este fallo representa un giro significativo en el caso, ya que previamente el juzgado había rechazado estas pruebas y el careo con Casarrubias Salgado. La apelación de Pineda Villa resultó en la decisión del Tribunal Colegiado de admitir dichas pruebas en el proceso.
María de los Ángeles Pineda Villa ha sido una figura central en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desde su arresto en noviembre de 2014. Fue inicialmente relacionada con el cártel de los Beltrán Leyva a través de sus hermanos, y posteriormente vinculada con Guerreros Unidos, destacando Iguala como uno de sus centros de operación.
Las declaraciones de Sidronio Casarrubias en el expediente de la desaparición de los normalistas apuntaban a Pineda Villa como la principal operadora del crimen organizado en Iguala, y describían cómo el exalcalde Abarca presuntamente destinaba millones de pesos de las arcas municipales para mantener el control en la región a través de diversos directores de policías municipales.
La situación toma un nuevo giro con la absolución de Sidronio Casarrubias Salgado en mayo del año pasado por el delito de delincuencia organizada, debido a la incapacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para demostrar la existencia de la organización delictiva implicada en la desaparición de los normalistas.
Este reciente fallo del tribunal de apelación abre la posibilidad de un cambio significativo en el caso de María de los Ángeles Pineda Villa, planteando interrogantes sobre el futuro de las investigaciones y juicios relacionados con uno de los casos más notorios y complejos en la historia reciente de México.
