Ciudad de México, 10 de noviembre de 2023 — En un movimiento significativo en el ámbito judicial, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, ha otorgado una suspensión definitiva que impide al gobierno federal acceder a más de 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión representa un freno temporal a la reforma gubernamental que buscaba eliminar dichos fondos.
La suspensión fue otorgada a petición de María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo de Chihuahua. Esta acción es la primera suspensión definitiva concedida para detener la reforma que buscaba eliminar los fideicomisos.
El juez Luévano Ovalle emitió una orden a la Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación para que se abstengan de aplicar dichos fondos. Estos recursos estaban originalmente destinados por el Ejecutivo para apoyar a la población guerrerense afectada por el huracán Otis.
En su fallo, el juez argumentó que las autoridades federales deben renunciar a cancelar o extinguir los fideicomisos, asegurando su continuación, operación y administración conforme a las reglas de operación establecidas. Además, ordenó suspender de inmediato la entrega y transferencia de los recursos de los fideicomisos, sus remanentes y productos derivados a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo Federal, salvo a las entidades facultadas para su administración.
Esta decisión judicial asegura que los fideicomisos continúen operando regularmente hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva esta suspensión.
Paralelamente, Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), congelando los mismos fondos. La audiencia incidental está programada para el 14 de noviembre, donde se decidirá si se concede la suspensión definitiva.
Este fallo marca un punto crítico en la tensión entre las reformas propuestas por el gobierno federal y la protección de los recursos del Poder Judicial. La suspensión definitiva es un recordatorio del poder del sistema judicial para moderar las acciones del Ejecutivo, especialmente en asuntos que afectan la operatividad y autonomía del propio Poder Judicial.
