Ciudad de México, 29 de septiembre del 2023.- El misterio rodea aún el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador arrojó nuevas luces, y sombras, sobre el proceso investigativo, cuestionando la integridad de quienes lo llevaban a cabo.
El ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, fue puesto en el ojo del huracán por el presidente. Asegura que Gómez Trejo se opuso a emitir órdenes de aprehensión contra ciertos exfuncionarios y militares, lo que derivó en una «rebelión» dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). A esta rebelión, López Obrador añade: «Es muy probable que la red de complicidades estaba también dentro de las fiscalías».
El nombramiento de Gómez Trejo también está en tela de juicio. El presidente sugiere conexiones con la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo especial atención en Emilio Álvarez Icaza, quien en ese entonces formaba parte de la Comisión y hoy se desempeña como senador.
Sin embargo, el presidente reconoce los avances en la investigación, con más de 120 personas actualmente en prisión, incluido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. No obstante, critica que otros involucrados, como Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, evadan la justicia, gozando de protección en Israel y obteniendo amparos judiciales en México.
El panorama se torna aún más complejo cuando Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, presentó un informe que señalaba a otros involucrados en el caso. De acuerdo con el testimonio reciente de Gómez Trejo, este se vio presionado para actuar de inmediato, lo que resultó en su renuncia.
La conclusión presidencial sugiere una serie de actos de simulación, con una red de complicidades que pretendía obstaculizar la investigación. A pesar de las adversidades, López Obrador asegura que no descansará hasta esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, así como todos los actos de tortura y complicidades que han rodeado el caso.
El compromiso del presidente es claro: desenmascarar a quienes, bajo el pretexto de defender los derechos humanos, buscaban beneficiarse del dolor y la tragedia de las víctimas y sus familias.
