El todavía comisario presidente Lorenzo Córdova, abiertamente apoyado por el conservador Partido Acción Nacional, dijo que en los próximos días presentará otra demanda constitucional para que sea la Corte la que decida si está apegado a la carta magna el contenido de las reformas conocidas como Plan B, así como el proceso con el que fueron avaladas.
Dicha acción, agregó, se sumará a las impugnaciones que ya presentadas contra esta reforma.
Córdova, quien aunque salga del ruedo aspira a seguir siendo el más influyente miembro del INE, afirmó que el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador modifica de manera drástica a la estructura y funcionamiento del ente, poniendo así en riesgo a miles de plazas y pierde confiabilidad.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desmintió esos dichos, a los que denominó infamias y calumnias, y aclaró que la reforma es muy simple porque se limita a leyes secundarias, no a las raíces del problema.
Estas, dijo, no pudieron ser modificadas porque el Gobierno carece de mayoría calificada en el congreso, y lo que se está haciendo es intentar reducir al mínimo el despilfarro en la institución y los exagerados sueldos y prestaciones millonarias que reciben esos servidores públicos que ganan hasta más del doble que el presidente del país.
Córdova anunció que en los próximos días promoverá una controversia constitucional para que la Suprema Corte decida si son constitucionales, tanto el contenido del plan B, como la manera en la que se desarrolló el proceso legislativo y se mostró convencido de que este no subsistirá a la prueba que será sometida a los tribunales.
La Corte sigue siendo una institución adversaria del Gobierno y se fortaleció con la designación de la magistrada conservadora Norma Piña, quien no oculta para nada su oposición al Ejecutivo y nunca ha aprobado alguna iniciativa del presidente López Obrador, recordaron líderes del partido oficialista Morena.
