Ciudad de México, 21 de diciembre de 2023 – Organizaciones campesinas y defensoras del maíz tradicional en México han instado a la Secretaría de Economía (SE) a presentar una contrademanda contra Estados Unidos en el contexto del Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC). Esta acción se basa en preocupaciones sobre las exportaciones estadounidenses de maíz genéticamente modificado a México, las cuales, según las organizaciones, carecen de garantías adecuadas de inocuidad y no presentan pruebas concretas de que no causan daño a la salud.
La responsabilidad de demostrar la seguridad del maíz genéticamente modificado recae sobre las empresas de biotecnología, según lo expresado por grupos como Demanda Colectiva Maíz, Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras. Estas organizaciones han enviado cartas a la SE, enfatizando la necesidad de que estas pruebas se basen en los hábitos de consumo y prácticas agrícolas específicas de México.
El conflicto surge a raíz de un decreto emitido por el gobierno mexicano en febrero de este año, que prohíbe el uso de maíz transgénico para alimentación humana. En respuesta, Estados Unidos solicitó, bajo las reglas del T-MEC, la formación de un panel de solución de disputas para impugnar esta decisión.
Las organizaciones mexicanas argumentan que ni la academia, ni el gobierno de Estados Unidos, ni la industria de biotecnología han realizado estudios científicos, análisis o evaluaciones de riesgo que midan de manera efectiva los impactos y efectos sanitarios de los maíces modificados genéticamente en la población mexicana.
Estas agrupaciones sostienen que la carga de la prueba sobre la inocuidad del maíz exportado por Estados Unidos a México recae en las empresas de biotecnología y en las autoridades estadounidenses. Además, indican que los análisis de riesgo deben ser efectivos y garantizar un manejo diferenciado de los riesgos asociados a cada evento de modificación genética.
En este contexto, las organizaciones campesinas mexicanas exigen que su gobierno contrademande a Estados Unidos, argumentando un incumplimiento de los beneficios previstos en el T-MEC, específicamente en lo referente a la garantía de inocuidad y no daño. Asimismo, solicitan que México exija una indemnización por este incumplimiento.
