Ciudad de México, 8 de febrero del 2024 – Los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, han expresado su insatisfacción con el protocolo de protección a candidatos presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A pesar de las medidas anunciadas, ambos líderes partidistas consideran que la estrategia actual es insuficiente y exigen acciones más robustas que cubran todas las fases del proceso electoral.
Tras la presentación del protocolo por parte de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez, Cortés y Zambrano han pedido al INE y al gobierno federal garantizar la seguridad de los candidatos no solo durante la campaña, sino en todos los momentos críticos del proceso electoral, incluyendo la postulación de candidatos, las campañas, la veda electoral, el día de la jornada electoral y el periodo posterior a las elecciones.
La demanda de los dirigentes incluye la elaboración de mapas de riesgo que permitan identificar las áreas de mayor peligro para los candidatos, una medida que, según ellos, facilitaría la implementación de estrategias de protección más efectivas. Sin embargo, Guadalupe Taddei Zavala ha rechazado esta solicitud, subrayando que la responsabilidad del INE se limita a la organización de las elecciones, no a la seguridad de los candidatos.
En respuesta a las preocupaciones expresadas, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Consejo General, reveló que las candidatas presidenciales podrían contar con hasta tres vehículos blindados y escolta de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, si solicitan protección. Para los candidatos locales, la protección estaría a cargo de las policías estatales, basada en el nivel de riesgo identificado.
En un llamado a no politizar el tema, Sergio Gutierrez Luna, representante de Morena, aseguró que siguiendo los protocolos establecidos se garantizará una elección segura. A pesar de estas declaraciones, la discusión sobre la seguridad electoral continúa, subrayando la necesidad de un enfoque integral que asegure la integridad del proceso electoral frente a las amenazas de violencia y la intervención del crimen organizado.
