CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2023 La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha conseguido una suspensión provisional con efectos generales que bloquea la reciente reforma gubernamental diseñada para eliminar 13 fideicomisos asociados al Poder Judicial de la Federación (PJF). Estos fideicomisos acumulan fondos que superan los 15 mil millones de pesos, una cifra significativa en el contexto financiero nacional.
El gobierno federal, frente a esta medida cautelar concedida por la Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, tiene la posibilidad de impugnar el fallo, abriendo la puerta para que un tribunal colegiado determine el futuro de la decisión de primera instancia.
La suspensión otorgada el 8 de noviembre del 2023 detiene temporalmente los planes del gobierno federal de disponer de los fondos para asistencia a la población afectada por el huracán Otis en Guerrero. Esto significa que los recursos en cuestión quedan inmovilizados hasta que se celebre una audiencia incidental el 14 de noviembre, donde se decidirá si se otorga una suspensión definitiva a los jueces federales.
La medida cautelar busca preservar el estado actual hasta que se resuelva el fondo del asunto, evitando así cualquier modificación que pueda surgir a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de octubre. En particular, se busca prevenir la transferencia de fondos y recursos de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación y garantizar que no se afecten los derechos laborales y de seguridad social de los miembros del PJF.
La jueza argumentó que mantener los recursos dentro del PJF no contraviene el interés social ni el orden público, y subrayó que el decreto no especifica con claridad cómo se destinarían los fondos para atender necesidades sociales específicas. Además, puso en relieve el riesgo de que la eliminación de los fideicomisos pudiera impactar negativamente en la función jurisdiccional y la impartición de justicia, lo que a su vez tendría una repercusión directa en la sociedad.
Este fallo es significativo no solo por la inmediata protección que otorga a los intereses del PJF, sino también porque resalta la tensión entre la necesidad de financiar programas sociales y la protección de los derechos adquiridos por los trabajadores del sector judicial. Con los ojos puestos en la audiencia del 14 de noviembre, el sector judicial espera mantener la integridad de sus recursos frente a un gobierno deseoso de redirigir fondos para atender emergencias y programas de desarrollo social.
