CDMX a 2 de febrero, 2023.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional en contra de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dichas leyes publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, se complementan a las que se abordarán en los próximos días en el Senado de la República y que de no frenar modificarían las reglas del juego de las elecciones de 2024.
A través de un comunicado, el INE explicó que interpusieron dicho recurso debido a que las modificaciones legislativas “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.
Indica que la Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.
“Siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, añade.
En su recurso, la autoridad electoral considera que los cambios contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
“Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa”, añadió el INE.
