Ciudad de México, 26 de septiembre del 2023.- La reciente divulgación de una “Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada” por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador abre nuevos horizontes en el caso Ayotzinapa, el episodio que sacudió la conciencia nacional en 2014, cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron en lo que se conoce como la Noche de Iguala.
Este informe postula tres posibles «causales» detrás de la desaparición:
- Una confusión con otro grupo delictivo.
- Una represalia orquestada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
- La posibilidad de que los autobuses tomados por los estudiantes contuvieran droga, armas o dinero relacionado con el narcotráfico.
El escenario que el documento pinta es sombrío, con testimonios que sugieren que los estudiantes fueron separados en varios grupos y llevados a diferentes lugares en varios municipios para ser ejecutados y desaparecidos.
Un hallazgo particularmente alarmante es la revelación de la colaboración entre las autoridades de diferentes niveles y el grupo criminal Guerreros Unidos, identificado como el principal perpetrador de los crímenes. Esto incluye a miembros del Ejército y la Policía Federal que, según el informe, «recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, y facilitaban el tráfico de drogas», además de brindar protección al grupo delictivo.
La implicación de elementos militares es particularmente inquietante. Con base en diversas fuentes, el informe apunta directamente a varios altos rangos militares, incluido un general, como colaboradores de Guerreros Unidos.
La extensa red de corrupción revelada no se limita al ejército. Varios funcionarios, desde el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, hasta líderes de policías municipales, están conectados con el grupo criminal.
La magnitud del caso es monumental. Hasta la fecha, 132 personas están detenidas en relación con estos hechos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, policías de diversos rangos y jurisdicciones, funcionarios de la Fiscalía General y miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Mientras el país sigue esperando respuestas definitivas sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos, este informe marca un paso significativo en la dirección correcta, poniendo al descubierto la complicidad y corrupción que pudieron haber facilitado una de las tragedias más desgarradoras de México en tiempos recientes.
