Ciudad de México, 1 de febrero de 2024 – En un nuevo capítulo del prolongado caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido órdenes de aprehensión contra ocho militares por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada. Esta acción legal marca un punto de inflexión en la investigación que busca justicia para uno de los episodios más oscuros y sin resolver en la historia reciente de México.
Los militares, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), enfrentan esta nueva acusación tras haber sido previamente detenidos por su implicación en la desaparición forzada de los estudiantes. Aunque algunos habían logrado el beneficio de continuar su proceso en libertad, la reciente imputación altera significativamente su situación legal.
Según declaraciones del abogado Alejandro Robledo, tres de los acusados ya han sido detenidos bajo este nuevo mandato judicial, ejecutado alrededor del mediodía. La implicación de los militares con el Cártel Guerreros Unidos, grupo criminal señalado por su participación directa en el caso Ayotzinapa, ha sido clave para esta nueva fase de la investigación, revelada por testimonios de testigos protegidos de la FGR.
Robledo, expresando su perspectiva sobre las acciones de la fiscalía, describió esta nueva acusación como una «chicana», término jurídico utilizado para referirse a estrategias legales destinadas a prolongar la detención de los implicados, a pesar de argumentar que no existe responsabilidad por parte de los militares.
Los nombres de los militares ahora enfrentando estas graves acusaciones son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz. Todos fueron previamente detenidos en junio del año pasado y reclusos en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México. Ahora, con estas nuevas órdenes de captura, volverán a ser internados en la misma prisión y sujetos a proceso a través de videoconferencia ante el juez de la causa.
Este desarrollo refleja el compromiso continuo de las autoridades mexicanas para resolver el caso Ayotzinapa, buscando esclarecer los hechos y asegurar que los responsables enfrenten la justicia. Sin embargo, también pone de manifiesto la complejidad y los desafíos inherentes a la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
