CDMX a 24 de enero, 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Norma Piña, se encuentran nuevamente en el centro de la controversia, esta vez debido a la liberación de ocho militares presuntamente involucrados en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, revocó la prisión preventiva de los militares el pasado 21 de enero, permitiéndoles continuar su proceso en libertad a partir del miércoles cuando fueron liberados del Campo Militar 1-A.
Este giro en el caso generó una disputa entre el presidente y el Poder Judicial. La Fiscalía General de Justicia (FGR) rechazó la liberación de los militares y expresó su preocupación por la posible injusticia que esto podría representar para las víctimas y sus familias, dadas las graves acusaciones de desaparición forzada.
El exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, también criticó la liberación y acusó a los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de obstaculizar la investigación.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respondió que la Fiscalía no había solicitado revisar en audiencia el cambio de medida cautelar de los militares, a pesar de estar informada al respecto. Esto desencadenó una serie de tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial.
El presidente López Obrador envió una carta a la ministra presidenta Norma Piña, advirtiendo que la liberación de los militares podría facilitar su fuga del país. Esta carta, compartida por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló la relevancia del caso y la importancia de garantizar que se haga justicia.
Este nuevo enfrentamiento entre AMLO y Norma Piña se suma a la creciente rivalidad entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, justo antes de que se presente una reforma judicial para elegir jueces y ministros por voto popular al final de su sexenio.
La liberación de los militares ligados al caso Ayotzinapa marca un nuevo episodio en la lucha por la justicia y los derechos humanos en México, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los poderes del Estado en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso emblemático.
