Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García estaban en un vehículo estacionado frente a un supermercado cuando fueron acribilladas a balazos desde una moto, a media tarde del pasado 9 de mayo.
Aparte de su trágico final, ambas tuvieron en común el hecho de ser periodistas en México, considerado el país más mortal para ejercer esa labor fuera de una zona de guerra.
Mollinedo, de 45 años, dirigía la publicación El Veraz en el estado de Veracruz y había recibido amenazas anónimas por teléfono, reveló su hermano. García, de 24, trabajaba para el mismo medio, como reportera y camarógrafa.
Nadie ha sido detenido por sus homicidios, aunque las autoridades dijeron el pasado jueves que identificaron a presuntos autores materiales del crimen.
Con ellas, asciende a 11 la cantidad de periodistas asesinados en México en lo que va de este año, un saldo extraordinario incluso para este país.
Sin embargo, el subsecretario mexicano de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, sostuvo el jueves que «no hay ningún elemento» que sugiera que los homicidios de Mollinedo y García, así como el del reportero Luis Enrique Ramírez la semana anterior en Sinaloa, estén vinculados a sus trabajos.
Durante la conferencia diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugirió además sin ofrecer pruebas que las muertes pueden relacionarse a «un tema de delincuencia organizada».
La actitud de las autoridades de México ante la ola de violencia contra la prensa se ha vuelto un motivo de crecientes críticas de reporteros, organizaciones internacionales y expertos.
«Es confuso el mensaje de respaldo a la prensa por parte del gobierno», dice Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una entrevista con BBC Mundo.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con este abogado colombiano que ejerce el cargo desde octubre de 2020 y observa «soberbia» en las respuestas del gobierno de México a la comunidad internacional por la violencia contra la prensa.
¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno de México a esta ola de violencia contra periodistas?
En lo que me ha correspondido a mí, el gobierno oscila entre ser un espectador de la violencia y un comentarista de la violencia.
Las veces que se ha podido ver como un espectador creo que no es claro el protagonismo y los niveles de responsabilidad, no en los hechos necesariamente pero sí en su solución.
Y cuando lo he podido apreciar como un comentarista de estos hechos de violencia, se transmiten tres mensajes: que no es algo atribuible al gobierno, que en la compleja arquitectura de la institucionalidad mexicana pueden asignarse responsabilidades frente a la solución no solo en el gobierno federal sino en otros órdenes de autoridades, y que hay un proceso de formulación de una ley que requiere de una reforma constitucional previa.
Esta ruta de reforma legal es ambiciosa, pero está en cierta manera desfasada en tiempos: cuando hay 11 asesinatos de periodistas en poco más de cuatro meses, el planteamiento es que habría que aguardar otros tantos meses para que apenas se empiece a presentar una ley a discusión.
Me parece que la palabra urgencia no está presente en las mesas de conversación del gobierno y sin embargo es una palabra en la cual se insiste desde la comunidad internacional y la sociedad civil.
Reconociendo esos esfuerzos, es un momento en el cual bien haría el gobierno en considerar tomar medidas adicionales y urgentes.
Sobre todo en las respuestas que ha dado el gobierno a la comunidad internacional, en el ambiente hay un ingrediente importante de soberbia.
La soberbia en estos temas puede ser importante siempre y cuando las riendas que se tienen sobre la situación den resultados. Pero los resultados en este momento no están a favor.
Por lo tanto, esa soberbia ojalá pueda transitar hacia unos planos de conversación mucho más empáticos con el periodismo.
Usted dice que la situación se arrastra a lo largo de distintos gobiernos y que no hay indicios de que los asesinatos recientes de periodistas sean atribuibles a autoridades federales. Pero organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalan que en los tres años de gobierno de López Obrador ya hubo 36 periodistas asesinados en México, un 50% más que bajo sus antecesores. En este sentido, ¿cabe alguna responsabilidad del gobierno y del propio presidente por este aumento?
México es un estado que invierte recursos en la protección de periodistas, tiene programas de protección y fiscalías especializadas.
Están fallando en términos de efectividad y por lo tanto la llave de la solución está en el gobierno, tanto en la reconstrucción de confianza de los periodistas como de activar los engranajes institucionales para prevenir la violencia contra la prensa y judicializar a los responsables.
¿Entonces su respuesta es que sí hay una responsabilidad del gobierno y del propio presidente por este aumento de la violencia contra los periodistas en México?
En términos de lenguaje institucional, claro que sí.
Cuando hay casos de periodistas como Lourdes (Maldonado) y Margarito (Martínez), donde se logró documentar que habían tocado la puerta de instituciones previo a sus asesinatos reclamando protección o informando sobre su riesgo y que eso no haya derivado en medidas para evitar un desenlace fatal, amerita una reflexión importante sobre esta arquitectura sofisticada para proteger a periodistas.
Distintos periodistas en México reclaman a López Obrador que acabe con sus ataques a periodistas, a los que ha calificado como «mercenarios» o señalado en actos que denomina «Quién es quién en las mentiras». ¿Es posible vincular estas actitudes con el aumento de la violencia contra reporteros en el país?
Cuando inició el «Quién es quién en las mentiras» yo invité a su reconsideración.
No hay ningún marco internacional de derechos humanos donde sea permisible que los estados hagan una suerte de auditoría unilateral, de cierta manera caprichosa y con señalamientos tan fuertes como los que tiene [la conferencia presidencial de] las mañaneras.
Este llamado a reconsiderar no fue atendido.
Para mí hay una especie de hermetismo en la disponibilidad para conversar sobre un espacio disruptivo y que el periodismo señala que les afecta.
Pero ante todo es un espacio que envía mensajes confusos cuando se pone en el espejo de la violencia contra la prensa, en los que se requiere de reconocimientos a la importancia de la labor periodística por parte de las autoridades. El «Quién es quién en las mentiras» enrarece esos mensajes.
Y el volumen de las condenas frente a los asesinatos de periodistas no se comparece con el despliegue, la visualización y el impacto que tiene el contenido de las mañaneras.
Es una senda a mi juicio muy riesgosa, que no contribuye en absoluto a brindar confianza a los periodistas que quedan, además de tener fuertes incompatibilidades con el derecho internacional de los derechos humanos.
Es muy importante que el espacio «Quién es quién» de las mañaneras pueda cuanto menos suspenderse en un momento en que es confuso el mensaje de respaldo a la prensa por parte del gobierno.
El presidente López Obrador ha negado que haya «impunidad» en los asesinatos de periodistas en México y sostuvo que crímenes como los de las dos periodistas se investigan «a fondo». ¿Coincide con esto?
Hemos sido informados de algunas capturas en el marco de los asesinatos. Son avances importantes, sobre todo si se comparan con tiempos donde ni siquiera había este tipo de despliegue.
Pero en términos de satisfacción del derecho a la justicia, faltan al menos dos pasos. El primero es no solo dirigir los esfuerzos de investigación a la sanción de gatilleros o sicarios, sino el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurren estos hechos.
