WSJ advierte riesgo de censura por regulación de medios en México

La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México llegó al debate internacional luego de que Mary Anastasia O’Grady, columnista de The Wall Street Journal, advirtiera sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y una eventual intervención gubernamental en los contenidos de radio y televisión.

En su columna, O’Grady cuestiona el alcance que podría tener la nueva regulación y plantea que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría adquirir un papel relevante en la revisión de contenidos transmitidos por los medios.

La propuesta, sin embargo, todavía no es una regulación definitiva. La CRT abrió una consulta pública el 27 de julio, que permanecerá disponible hasta el 21 de agosto de 2026, para recibir comentarios de concesionarios, especialistas, organizaciones y ciudadanos.

¿Qué propone la CRT para proteger a las audiencias?

El proyecto busca establecer mecanismos para que las personas que escuchan radio o ven televisión puedan ejercer sus derechos de audiencia.

De acuerdo con la propia CRT, los lineamientos pretenden garantizar el acceso a contenidos e información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente, además de establecer obligaciones relacionadas con los códigos de ética y las defensorías de audiencias.

Los concesionarios de radio y televisión deberán contar con un Código de Ética y una Defensoría de las Audiencias, encargada de recibir y atender las inconformidades del público.

La novedad está en que, por primera vez bajo este esquema, la autoridad reguladora podría intervenir cuando una persona considere que la respuesta del defensor de audiencias no resolvió su reclamación o cuando el medio no atienda la recomendación correspondiente.

Es precisamente este punto el que ha generado parte de la discusión sobre los límites entre la protección de las audiencias y la libertad editorial.

CIRT alerta por posibles sanciones y discrecionalidad

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó preocupación por algunos apartados del proyecto.

El organismo empresarial señaló que el documento contiene disposiciones que podrían resultar ambiguas y permitir una intervención discrecional de la autoridad para determinar cuándo una información puede considerarse falsa o descontextualizada.

La CIRT también cuestionó las sanciones previstas, que podrían alcanzar hasta 1% de los ingresos anuales de concesionarios o programadores en determinados supuestos.

Otro punto de preocupación es el llamado recurso de inconformidad, mediante el cual la autoridad podría revisar decisiones relacionadas con las defensorías de audiencias.

Para la CIRT, estas facultades deben definirse con mayor precisión para evitar que una regulación destinada a proteger a las audiencias termine afectando la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios.

La organización, no obstante, ha señalado que no considera que la propuesta sea en sí misma un mecanismo de censura y reconoció la importancia de participar en la consulta pública para plantear modificaciones.

La CRT rechaza que se trate de censura

Frente a las críticas, la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Norma Solano Rodríguez, rechazó que los lineamientos representen un mecanismo de censura.

La funcionaria sostuvo que la libertad de expresión está garantizada y que el objetivo de la propuesta es establecer procedimientos claros para proteger los derechos de quienes consumen contenidos de radio y televisión.

La CRT también ha explicado que los códigos de ética y los criterios editoriales seguirán siendo definidos por los propios medios, mientras que las defensorías funcionarán como intermediarias entre los concesionarios y sus audiencias.

Según la autoridad, la intervención de la CRT ocurriría únicamente después de que se agoten los mecanismos establecidos con los medios y como una instancia posterior dentro del procedimiento.

El debate también alcanza a la libertad de prensa

La discusión ocurre en un contexto de mayor tensión entre autoridades y medios de comunicación en México.

En su columna, O’Grady vincula la propuesta con otros cambios institucionales impulsados durante los gobiernos de Morena, así como con el debate sobre la concentración de poder y el funcionamiento de los organismos autónomos.

La autora también relaciona el tema con las elecciones intermedias de 2027, al considerar que la regulación de los contenidos podría adquirir una dimensión política durante un proceso electoral en el que asuntos como la seguridad, el crimen organizado y las acusaciones contra integrantes de distintos partidos estarán presentes en el debate público.

No obstante, esas apreciaciones corresponden al análisis y postura de la columnista y no representan una determinación oficial sobre la finalidad de los lineamientos.

¿Los lineamientos aplicarán a todos los medios?

Un punto importante para entender la discusión es que la propuesta de la CRT no regula por igual a todos los medios de comunicación.

El proyecto está dirigido principalmente a los concesionarios de radio y televisión, tanto comerciales como públicos y sociales.

La propia autoridad señala que los lineamientos buscan establecer mecanismos para que las audiencias puedan ejercer sus derechos frente a los contenidos transmitidos por esos servicios.

Por ello, el debate sobre una eventual regulación de portales de noticias, prensa escrita y otros medios digitales requiere distinguir entre las obligaciones contempladas específicamente en este proyecto y otras disposiciones legales.

La consulta pública sigue abierta

Por ahora, los lineamientos no constituyen una norma definitiva.

La consulta pública inició el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto de 2026. Durante este periodo, ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y empresas del sector pueden presentar comentarios y propuestas ante la CRT.

La discusión enfrenta dos posiciones principales: por un lado, la autoridad sostiene que busca fortalecer los derechos de las audiencias y establecer procedimientos transparentes; por otro, representantes de la industria advierten que algunas facultades y sanciones deben precisarse para evitar posibles afectaciones a la libertad editorial.

El resultado de la consulta será clave para determinar qué modificaciones tendrá el proyecto antes de que se defina su versión final.