Por Juan Pablo Ojeda
El presidente Donald Trump ha mostrado un marcado escepticismo ante los recientes acercamientos del gobierno iraní. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, el mandatario no está dispuesto a aceptar la propuesta de Teherán para reabrir el Estrecho de Ormuz, la cual incluye el levantamiento del bloque naval, si esta no aborda las preocupaciones sobre la capacidad nuclear de la nación persa.
La narrativa de «estado de colapso» utilizada por el régimen iraní para justificar su solicitud de reapertura es vista con prudencia por parte de los asesores de Seguridad Nacional. Existe la sospecha en Washington de que la cúpula iraní intenta utilizar la crisis económica para obtener alivio en las sanciones sin ofrecer concesiones en su programa de uranio enriquecido.
El rechazo a la propuesta de Teherán se basa en la estrategia de la administración Trump de no permitir que la reapertura del estrecho sea utilizada como una victoria política para Irán sin que Estados Unidos obtenga garantías de largo plazo. El presidente busca un acuerdo integral que sea percibido como un triunfo diplomático sólido, algo que el plan actual, centrado solo en la logística marítima, no parece ofrecer.
Esta postura se vio reflejada en la decisión de cancelar el viaje de los enviados estadounidenses a Pakistán. La falta de una interlocución clara por parte de Irán, atribuida a la supuesta división interna entre facciones, ha llevado a Washington a endurecer su posición y exigir una interlocución más estable antes de reanudar cualquier diálogo oficial.
La presión sobre el suministro mundial de petróleo es la carta más fuerte del régimen iraní, pero también su principal vulnerabilidad. Al cerrar el paso por el estrecho, Irán ha buscado una palanca de negociación contra Occidente; sin embargo, esta medida ha terminado por estrangular también sus propias finanzas, obligándolos a buscar desesperadamente la reapertura bajo la premisa de una crisis de gobernabilidad.
Los analistas en el Congreso cuestionan la fiabilidad de las comunicaciones enviadas a la administración. Si el régimen está efectivamente en un «estado de colapso», la pregunta fundamental para Washington es quién tiene la autoridad legal y política para firmar un compromiso que sea respetado por todas las facciones internas en Irán.
Mientras la administración mantenga el cese al fuego extendido, el espacio para una negociación real permanece abierto, pero limitado por la desconfianza mutua. Trump, en un año electoral, requiere resultados concretos; cualquier acuerdo que se firme bajo estas condiciones deberá asegurar, al menos en papel, que la amenaza nuclear ha sido contenida de manera definitiva.
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