Angélica Beltrán, Noticias de México
Ciudad de México a 28 de abril del 2026 (Noticias de México).– El Senado de la República elevó el tono político en torno al caso Chihuahua, luego de que la gobernadora María Eugenia Campos declinara asistir a una reunión clave con legisladores federales para explicar la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad en la Sierra Tarahumara, lo que desató acusaciones de violación a la soberanía nacional y un abierto choque institucional.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, reveló que la mandataria estatal canceló su asistencia apenas dos horas antes del encuentro, pese a tratarse —subrayó— de un ejercicio de diálogo republicano. Advirtió que el Senado tiene la obligación constitucional de revisar actos que afecten el pacto federal, particularmente cuando se trata de seguridad nacional y la posible intervención de agentes extranjeros.
Desde la tribuna, legisladores de Morena endurecieron su postura. La senadora Lucía Trasviña calificó los hechos como una “violación contundente a la soberanía”, mientras que Juan Carlos Loera de la Rosa insistió en que el Senado debe actuar con firmeza ante cualquier hecho que comprometa la relación con gobiernos extranjeros fuera del marco legal. En tanto, Enrique Inzunza Cázarez sostuvo que las acciones emprendidas por autoridades de Chihuahua carecen de validez jurídica.
El debate escaló aún más cuando se planteó la posible comisión de delitos graves. Cantón Zetina no descartó responsabilidades penales e incluso la figura de traición a la patria, al considerar que permitir o tolerar la presencia de agentes extranjeros constituye una transgresión directa al orden constitucional. A esto se sumaron cuestionamientos sobre la creación de una unidad especial en la fiscalía estatal, señalada por invadir competencias federales.
Por su parte, el senador Javier Corral Jurado calificó de “farsa” la investigación local y acusó que se intenta responsabilizar a un mando fallecido para cerrar el caso. En conjunto, las posturas reflejan una creciente presión política desde el Senado, que exige claridad, legalidad y respeto irrestricto a la soberanía nacional, en un episodio que ya se perfila como uno de los más delicados en la relación entre la federación y el gobierno de Chihuahua.
Ante el desacato de la gobernadora de Chihuahua tras rechazar la solicitud de los senadores para que explicara las infiltración de agentes de la CIA en operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara, los senadores del PAN, de cuyo partido emana la mandataria estatal, se quedaron sin argumentos y sólo recularon en su dicho de que la gobernadora Maru Campos se presentaría en el Senado a «dar lección de combate al crimen organizado».
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