El diputado Pedro Miguel Haces Barba presentó este miércoles ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo, el cual establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La medida busca armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional publicada el 3 de marzo de 2026, cumpliendo con el plazo de 90 días ordenado para su reglamentación.
El documento detalla un esquema de implementación gradual para evitar disrupciones operativas en las empresas. La transición comenzará en el año 2027, estableciendo un límite temporal de 46 horas semanales, y continuará reduciéndose escalonadamente hasta alcanzar la meta definitiva de 40 horas en el año 2030.
La exposición de motivos se sustenta en métricas de ineficiencia estructural del modelo laboral vigente. Según los datos expuestos en tribuna, México registra un promedio de 2,207 horas trabajadas al año por persona, generando apenas 25 dólares de Producto Interno Bruto (PIB) por hora, la cifra más baja de productividad en relación al tiempo invertido entre las economías comparadas.
Para blindar los ingresos de los trabajadores, los artículos transitorios del dictamen prohíben explícitamente cualquier reducción salarial proporcional a la disminución de horas. El pago se mantendrá íntegro bajo el nuevo esquema, separando la variable del tiempo cronometrado de la remuneración económica base.
En materia de tiempo extraordinario, la legislación fija un límite estricto de 12 horas adicionales por semana. Estas horas de sobredemanda laboral deberán ser remuneradas al 200 por ciento sobre el salario ordinario, penalizando económicamente a los empleadores que excedan los parámetros del nuevo límite semanal.
El dictamen también incorpora mecanismos de flexibilidad logística. Aunque se mantiene la definición legal de jornada de trabajo, el texto permite que la distribución de las horas se negocie de común acuerdo entre la parte empleadora y el personal, otorgando margen de maniobra para distintos sectores industriales y de servicios.
La viabilidad económica de la propuesta, según el documento, fue validada mediante un proceso de mesas tripartitas previas. Representantes patronales, sindicatos y legisladores estructuraron el modelo matemático de la reforma para asegurar que la reducción del tiempo no colapse la cadena de suministro ni afecte a las pequeñas y medianas empresas durante el periodo de ajuste de tres años.
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