Por Bruno Cortés
En medio de señalamientos delicados y bajo presión política, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez decidió no presentarse a la sesión de la Comisión Permanente, aunque días antes había asegurado que sí acudiría para defenderse. Su ausencia no pasó desapercibida en el Congreso y dejó más preguntas que respuestas en un momento donde la política y la justicia se cruzan de forma incómoda.
El propio legislador explicó su decisión en redes sociales: dijo que no quería prestarse a un “espectáculo” por parte de la oposición. Traducido al lenguaje cotidiano, Inzunza optó por no exponerse a un escenario donde, más allá del debate legislativo, el tema central sería su situación personal y las acusaciones en su contra.
Y es que el contexto pesa. El nombre del senador apareció en un señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con el grupo conocido como Los Chapitos. Aunque no hay una resolución judicial en México, el simple hecho de que una instancia internacional lo mencione coloca presión política sobre él y sobre su partido.
Aquí vale la pena hacer una pausa para entender cómo funciona esto desde el lado de las políticas públicas. En México, un señalamiento internacional no implica automáticamente una sanción o la pérdida del cargo. Las instituciones mexicanas deben iniciar sus propios procesos, investigar y, en su caso, sancionar. Es decir, hay un vacío entre la acusación mediática y la acción legal que muchas veces se traduce en incertidumbre política.
Lo que llama la atención es el cambio de postura del propio Inzunza. Apenas el 2 de mayo había dicho que acudiría al Senado para “refutar falsedades” y enfrentar el tema de frente. Incluso vinculó las acusaciones con su postura en defensa de la soberanía nacional, tras cuestionar la actuación de agencias estadounidenses en México. Sin embargo, cuatro días después, decidió no presentarse.
Este tipo de decisiones también tienen lectura política. En el Congreso, la Comisión Permanente es un espacio clave porque mantiene en funcionamiento al Poder Legislativo cuando no hay periodo ordinario. No asistir en un momento de tensión puede interpretarse como una estrategia para evitar confrontaciones directas o como una señal de que el conflicto ya rebasó el terreno legislativo.
Mientras tanto, el senador ha optado por mantenerse en Sinaloa, específicamente en Badiraguato, su tierra natal. Desde ahí ha enviado mensajes donde busca mostrarse cercano a la gente y firme en su postura, apelando más a la narrativa política que a una defensa jurídica detallada.
El caso abre una discusión más amplia sobre cómo se manejan este tipo de crisis en la política mexicana. Por un lado, está la presunción de inocencia; por otro, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. En medio, los ciudadanos observan un sistema donde las reglas legales avanzan más lento que el debate público.
Al final, lo que está en juego no es solo la situación de un senador, sino la credibilidad de las instituciones. Porque cuando hay acusaciones de este calibre, la respuesta no solo debe ser política, también institucional. Y esa es una deuda que el sistema mexicano sigue arrastrando.
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