El derecho de las audiencias empieza por la seguridad de los periodistas

Por Bruno Cortés / Director Maya Comunicación

Hablamos mucho del derecho de las audiencias y poco de su condición previa: para que un ciudadano reciba información veraz, alguien tuvo que salir a buscarla, verificarla y publicarla sin que lo mataran, lo amenazaran o lo asfixiaran económicamente. El derecho de las audiencias no se ejerce en el sillón de la sala; se ejerce, o se pierde, en la calle donde trabaja el reportero.

México acumula alrededor de 60 periodistas asesinados en los últimos ocho años, una cifra que nos coloca de manera consistente entre los países más letales del mundo para ejercer este oficio, al nivel de zonas en guerra abierta. Cada colega asesinado no es solo una tragedia personal: es una región completa que se queda ciega. Cuando matan al reportero de Zitácuaro, de Iguala o de Fresnillo, no muere un hombre; muere la posibilidad de que esa comunidad sepa qué hace su alcalde con el presupuesto.

La pregunta es elemental y nadie en el poder quiere responderla de frente: ¿cómo van a informar los periodistas si están amenazados? La autocensura no aparece en las estadísticas de homicidios, pero es la consecuencia más extendida de la violencia. Por cada periodista asesinado hay cientos que dejaron de cubrir seguridad, que ya no firman sus notas, que aprendieron qué nombres no se escriben. Eso también es censura, aunque no deje cadáver.

La segunda asfixia es más silenciosa: el dinero. En buena parte del país, la publicidad oficial es la única publicidad que existe, y se reparte con criterios de compadrazgo, no de audiencia ni de servicio público. El gobernador premia al medio dócil y castiga al incómodo. El presidente municipal retira el convenio al portal que publicó la nota sobre la obra inconclusa. No hace falta una bala cuando basta un oficio de cancelación.

Esto no es una queja gremial mexicana: es un problema documentado y resuelto en otras latitudes. La Corte Suprema de Argentina sentó jurisprudencia en el caso del diario Río Negro contra la provincia de Neuquén, al establecer que el Estado no puede usar la asignación de publicidad oficial como premio o castigo editorial, y que retirarla de manera discriminatoria viola la libertad de prensa. Años después ratificó el criterio en el caso de Editorial Perfil. En México seguimos sin una ley de publicidad oficial con dientes: la que existe dejó los criterios de asignación prácticamente a discreción del propio gobierno.

Otros países entendieron que la viabilidad económica del periodismo es un asunto de interés público, no un favor. Suecia y Noruega operan desde hace décadas sistemas de subsidios directos a la prensa con reglas transparentes y órganos independientes de asignación, diseñados precisamente para que el segundo periódico de una ciudad no muera y el pluralismo sobreviva. Canadá creó créditos fiscales para el empleo periodístico y Francia mantiene un régimen de ayudas a la prensa con montos públicos y auditables. Se puede discutir el modelo, pero el principio es el mismo: el dinero público que toca a los medios debe asignarse con reglas escritas, no con llamadas telefónicas.

De ahí se desprende lo que el Estado mexicano debería garantizar, y son tres cosas concretas. Primero, el derecho a la libre expresión en serio: que nadie —ni crimen organizado ni funcionario— pueda censurar lo que un ciudadano libre decide decir, con un mecanismo de protección a periodistas que funcione, tenga presupuesto y no sea el trámite burocrático en que se ha convertido. Colombia es el espejo incómodo: creó su Unidad Nacional de Protección hace años y aun así sigue enterrando comunicadores, porque un chaleco antibalas no sustituye la investigación y el castigo a los agresores. La impunidad, que en México ronda la casi totalidad de los casos, es la verdadera invitación a matar.

Segundo, garantizar que los proyectos periodísticos sean viables y estén dedicados a sus lectores, no al gobierno en turno. Eso exige una ley de publicidad oficial con topes, criterios objetivos, padrones públicos y sanciones, como recomiendan desde hace años la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y la propia Suprema Corte mexicana cuando ordenó legislar en la materia. Un medio que depende del humor del gobernador no es un medio: es un boletín con membrete.

Y tercero, el derecho de réplica real frente al poder. Cuando el Estado usa su tribuna más poderosa —la conferencia mañanera, con su alcance nacional y su transmisión diaria— para señalar por nombre a periodistas y medios, el señalado debe tener garantizado un espacio equivalente para responder. En Francia el droit de réponse y en Alemania la Gegendarstellung obligan a los medios a publicar la réplica del aludido; con mayor razón debería obligar al Estado, que no es un actor más del debate sino el poder mismo. Un presidente o una presidenta que exhibe a un reportero desde el atril, con todo el aparato del Estado detrás, no está debatiendo: está marcando un blanco.

Nada de esto es concesión graciosa. La Corte Interamericana ha sido clara en que la libertad de expresión tiene una dimensión colectiva: el derecho de la sociedad a recibir información. Cuando un periodista es asesinado, amenazado o comprado con publicidad, la víctima final es la audiencia, que se queda con propaganda en lugar de periodismo.

El derecho de las audiencias, entonces, no empieza en el control remoto ni en el algoritmo. Empieza en que el reportero de la fuente llegue vivo a su casa, en que su medio pueda pagarle sin hipotecar la línea editorial, y en que pueda contestarle al poder sin miedo. Mientras esas tres condiciones no existan, hablar del derecho a la información en México será, como tantas otras cosas, letra bonita sobre fosa común.