ASF: más de 9 mil millones por aclarar en la Cuenta Pública 2025 y una fiscalización que se expande

Por Angélica Beltrán

La segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 dejó una cifra que cuesta ignorar: más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 374 informes individuales ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y, con ello, puso sobre la mesa el alcance real de la fiscalización del primer año completo de la administración federal actual.

El hallazgo más duro está en los municipios. En 42 auditorías, la ASF revisó la totalidad de los recursos federales asignados a esos gobiernos y concluyó que más de 5 mil 200 millones de pesos quedaron sin acreditar su destino. No se trata de un detalle menor: implica que, con la documentación disponible al cierre de esas revisiones, no fue posible comprobar cómo se ejercieron esos fondos federales transferidos.

En las entidades federativas se detectaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclaración, con énfasis en los sectores educativo y de salud. En el ámbito federal, el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México concentran juntos un monto observado de 2 mil 327 millones de pesos por movimientos y gastos que, según la ASF, no fueron debidamente aclarados.

Antes de terminar las revisiones, varios gobiernos estatales reintegraron mil 132 millones de pesos. El sector salud aportó 553 millones de ese retorno. Entidades como Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California aparecen entre las que devolvieron recursos. Es una señal de que la auditoría puede corregir en el camino, aunque las observaciones no solventadas sigan su proceso legal y administrativo.

Detrás de esas cifras está la actuación de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente de la ASF. Su gestión está marcando una etapa distinta en la fiscalización del dinero público: más alcance territorial, más investigaciones de oficio y una disposición explícita a no congelar denuncias hasta el final de cada auditoría cuando hay indicios que lo ameritan.

El propio auditor ha reportado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción en los primeros seis meses de su gestión. Tres de ellas, por primera vez en este esquema reciente, se presentaron mientras las auditorías relacionadas seguían abiertas. Esa práctica cambia el tempo tradicional de la fiscalización superior y eleva la presión sobre los sujetos obligados.

En paralelo, la ASF ha abierto o impulsado investigaciones sobre posibles irregularidades en el INE, los OPLEs, la UNAM, gobiernos municipales y estatales, y también en grandes empresas. El mensaje institucional es claro: la rendición de cuentas no debería detenerse ante el tamaño, el prestigio o la cercanía política del ente revisado.

La investigación de oficio en materia electoral ilustra ese giro. Trabajos de inteligencia han identificado grupos empresariales con operaciones por miles de millones de pesos ante organismos electorales y otras entidades públicas entre 2014 y 2026. La ASF ha subrayado que el proceso se conducirá con respeto al debido proceso y sin anticipar culpables desde el micrófono.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado el combate a la corrupción como una de sus banderas. La coincidencia entre ese discurso y una ASF que amplía revisiones, recupera recursos y presenta denuncias comienza a generar la expectativa de que la lucha anticorrupción deje de ser solo retórica de mañanera o de informe anual.

Todavía falta la tercera entrega de la Cuenta Pública 2025, con plazo máximo al 20 de febrero de 2027, y el grueso de las revisiones a más de mil 200 municipios y alcaldías que hoy fiscaliza directamente la ASF. El volumen de observaciones será importante, pero el criterio decisivo será otro: si hay seguimiento, sanciones y consecuencias verificables para la ciudadanía.

Después de años de promesas, las cifras de más de 9 mil millones pendientes de aclarar y las nuevas investigaciones de oficio obligan a una pregunta sencilla. ¿Está México ante un auditor dispuesto a llegar hasta el fondo, sin importar a quién incomode? Por los hechos conocidos hasta ahora, esa pregunta ya no suena exagerada ni meramente propagandística.