Abogado del ‘Mayo’ Zambada: “No hay manera de pagar 15 mil mdd”

El abogado Frank Pérez, defensor de Ismael «El Mayo» Zambada, afirmó que «no hay manera» de que su cliente pueda pagar la multa de 15 mil millones de dólares impuesta por la justicia de Estados Unidos como parte de la sentencia contra el exlíder del Cártel de Sinaloa.

En declaraciones difundidas tras conocerse la resolución judicial, el litigante sostuvo que las autoridades estadounidenses no identificaron propiedades o activos registrados a nombre de Zambada, por lo que consideró inviable el cobro de esa cantidad.

«No hay manera de que pueda pagar eso. El Gobierno no identificó una propiedad, no identificó nada. Sabemos que las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre», declaró Frank Pérez.

La violencia en Sinaloa dificulta rastrear posibles activos

El abogado también señaló que la situación de violencia que atraviesa Sinaloa complica determinar si aún existen bienes que en algún momento pudieron estar relacionados con el capo.

Según Pérez, el conflicto entre grupos criminales ha provocado el robo y la destrucción de propiedades, por lo que resulta incierto conocer qué patrimonio podría conservar.

«Con la guerra que hay allá, están robando propiedades, quemando propiedades. Quién sabe qué le quede de las propiedades y las cosas que llegó a tener», comentó.

México buscará acceder al decomiso ordenado en Estados Unidos

Las declaraciones del abogado ocurrieron un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que el Gobierno de México, por conducto de la Fiscalía General de la República (FGR), analizará los mecanismos legales para solicitar la parte correspondiente de los bienes decomisados y de las sanciones económicas impuestas por las autoridades estadounidenses.

La mandataria explicó que este tipo de procedimientos forman parte de la cooperación entre ambos países en casos de delincuencia organizada y que será la FGR la encargada de informar sobre los pasos legales a seguir.

UIF no encuentra propiedades registradas a nombre de Zambada

Durante la conferencia matutina del 22 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades mexicanas tampoco han localizado bienes registrados directamente a nombre de Ismael Zambada.

El funcionario explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha asegurado numerosas cuentas bancarias, recursos financieros e inmuebles vinculados al Cártel de Sinaloa, aunque ninguno aparece formalmente a nombre del capo.

«Directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas y propiedades, pero a nombre de él específicamente no», señaló García Harfuch.

Asimismo, adelantó que posteriormente se presentará un informe con los recursos congelados y los bienes asegurados a distintas organizaciones criminales.

La defensa niega que «El Mayo» sea informante

En la misma entrevista, Frank Pérez rechazó que su cliente haya colaborado con las autoridades estadounidenses como informante para obtener beneficios judiciales.

El abogado explicó que la cooperación de Zambada consistió únicamente en aceptar su responsabilidad penal y declararse culpable, evitando así un juicio federal de gran complejidad.

«No es un informante. No cooperó con el gobierno en el sentido tradicional», sostuvo.

También aseguró que el exlíder del Cártel de Sinaloa no proporcionó información sobre integrantes de su organización, otros grupos criminales ni sobre presuntos funcionarios públicos vinculados con actividades ilícitas.

Niega haber previsto su captura

Pérez afirmó además que «El Mayo» nunca sospechó que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, lo entregaría a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el abogado, la relación de confianza entre ambos fue la razón por la que aceptó reunirse con él, sin imaginar que terminaría siendo detenido y trasladado a Estados Unidos.

La situación legal de Ismael «El Mayo» Zambada continúa siendo uno de los casos de mayor relevancia en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, mientras ambos gobiernos mantienen investigaciones sobre los bienes y recursos financieros relacionados con las organizaciones delictivas.