Un Tribunal Federal ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.
La resolución representa un nuevo revés para la hipótesis del llamado «segundo tirador», impulsada durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero, al considerar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación contra el exfuncionario.
Tribunal concluye que no hay pruebas suficientes
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, determinó que no existen pruebas que vinculen a Sánchez Ortega con el homicidio de Colosio, cuyo autor material sentenciado es Mario Aburto Martínez, quien cumple una condena de 45 años de prisión.
Además, los magistrados resolvieron que la acción penal prescribió hace 12 años, por lo que ordenaron el cierre definitivo del proceso penal y la inmediata liberación del exagente, únicamente respecto de esa causa.
En la resolución, publicada el pasado viernes, el Tribunal señaló:
«Se declara prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional».
Asimismo, revocó el auto de término constitucional emitido el 15 de noviembre de 2025 por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, decretó el sobreseimiento de la causa y ordenó su libertad inmediata, sin perjuicio de que permanezca privado de la libertad si enfrenta otros procesos penales.
La FGR agota las vías ordinarias de impugnación
Con esta resolución, la FGR ya no cuenta con recursos ordinarios para impugnar el fallo. La única posibilidad para reabrir el caso sería mediante un juicio de amparo promovido por las víctimas indirectas, es decir, los familiares de Luis Donaldo Colosio.
No obstante, integrantes de la familia del excandidato presidencial han manifestado en diversas ocasiones su intención de dar por concluido el caso e incluso han solicitado la liberación de Mario Aburto.
Así surgió la investigación contra el exagente
La investigación contra Sánchez Ortega tomó fuerza en noviembre de 2025, cuando el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, le dictó auto de formal prisión al considerar que existían indicios para presumir su participación en el homicidio bajo la figura de coautoría.
Entre los elementos presentados por la FGR figuraban el testimonio de Leticia Ortiz, excompañera de trabajo de Mario Aburto, quien aseguró que el exagente del Cisen visitó al condenado semanas antes del atentado, así como una chamarra con rastros de plomo que, según la investigación, sugerían el uso de un arma de fuego.
Sin embargo, entre 2023 y 2024, otros jueces federales rechazaron solicitudes de captura presentadas por la fiscalía al considerar que no existían pruebas suficientes para relacionarlo con el magnicidio.
Finalmente, Sánchez Ortega fue detenido el 8 de noviembre de 2025 en Tijuana y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano», donde permanecía sujeto al proceso penal.
La condena de Mario Aburto permanece vigente
Pese a esta resolución, la sentencia contra Mario Aburto Martínez no cambia. El responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio continúa cumpliendo una pena de 45 años de prisión, luego de que en octubre de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara un amparo que podía abrir la puerta a su liberación.
Con ello, la condena permanece firme y, de mantenerse sin modificaciones, concluirá en 2039, mientras el caso Colosio continúa siendo uno de los expedientes más relevantes y debatidos de la historia política contemporánea de México.
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