Por Juan Pablo Ojeda
El precio de la tortilla, uno de los alimentos más sensibles para la economía familiar en México, vuelve a colocarse en el centro del debate. Mientras el gobierno federal insiste en que no hay condiciones para un incremento, los productores advierten que mantener los precios actuales ya es “insostenible”.
El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, sostiene que el problema no está en el maíz ni en la harina, cuyos precios se han mantenido relativamente estables, sino en toda la cadena de costos que rodea la producción: desde salarios, impuestos y seguridad social, hasta energéticos, refacciones y regulaciones.
En términos simples, aunque el insumo principal no ha subido, todo lo demás sí. Y ese acumulado, según el sector, ya rebasó el margen de ganancia de miles de negocios. De hecho, estiman que en los últimos tres años los costos han crecido alrededor de 17%, presionando directamente la rentabilidad.
A esto se suma otro factor clave: la informalidad. En un país con más de 130 mil tortillerías, el propio sector calcula que al menos la mitad opera fuera de la formalidad, lo que genera competencia desleal. Negocios que no pagan impuestos o regulaciones pueden vender más barato, dejando en desventaja a quienes sí cumplen.
El resultado es un mercado saturado. Según los propios productores, hay hasta 280% más tortillerías de las que realmente se necesitan, lo que reduce las ventas por establecimiento. En ese contexto, vender menos de 200 kilos diarios prácticamente no deja ganancias si se cumplen todas las obligaciones legales.
Del otro lado, el gobierno federal mantiene una postura firme. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no existe justificación para subir el precio, argumentando que el maíz se encuentra en niveles históricamente bajos. Bajo esa lógica, cualquier aumento respondería más a decisiones del mercado que a fundamentos económicos.
Como parte de la estrategia para contener precios, el gobierno busca reforzar acuerdos como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), además de mantener diálogo con productores y distribuidores. Dependencias como la Profeco también han intensificado el monitoreo de precios en cientos de tortillerías para evitar abusos.
Sin embargo, desde el sector productivo advierten que los ajustes podrían ser inevitables y, en todo caso, regionales: aumentos de uno o dos pesos en zonas urbanas como la Ciudad de México, y hasta cuatro pesos en algunas regiones del país.
El fondo del conflicto revela dos visiones económicas: una que busca contener la inflación a toda costa para proteger el poder adquisitivo, y otra que alerta sobre la viabilidad de los negocios ante costos crecientes. El equilibrio entre ambas será clave, porque cualquier movimiento en el precio de la tortilla impacta directamente en millones de hogares.
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