Arturo Hernández, Noticias de México
Culiacán, Sinaloa a 26 de mayo del 2026 (Noticias de México).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra al menos diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, derivada de acusaciones formales presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante una corte federal de Nueva York.
La indagatoria mexicana se basa en el caso S9 23 Cr. 180 y busca determinar responsabilidades por delitos como conspiración para importar y distribuir narcóticos hacia Estados Unidos, posesión y uso de armas de fuego de alto poder, sobornos y protección institucional a cambio de favores políticos, incluido presunto apoyo en procesos electorales.
Entre los principales señalados se encuentran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra, el exdirector de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés, así como mandos policiales como Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, entre otros.
Hasta el momento, la FGR ha citado a varios de ellos a rendir declaración en calidad de testigos o posibles imputados en las instalaciones de Culiacán. Las comparecencias, como las de Rocha Moya, Inzunza y otros, forman parte de la fase de integración de la carpeta, en la que no se han girado órdenes de aprehensión ni se ha judicializado formalmente el caso en México.
Autoridades federales mexicanas han solicitado a Estados Unidos mayor información y elementos de prueba, luego de considerar que los expedientes iniciales requerían mayor sustento para avanzar. La investigación se mantiene bajo reserva y sigue en desarrollo.Los involucrados han rechazado tajantemente los señalamientos, calificándolos de infundados, y han expresado su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas.
La FGR no ha emitido detalles sobre el contenido de las declaraciones ni plazos para posibles determinaciones. Esta carpeta representa uno de los frentes más sensibles de la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad y anticorrupción en la entidad.
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