Por Juan Pablo Ojeda
El excontralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, detenido el 23 de abril en Buenos Aires, ha iniciado formalmente un proceso para solicitar asilo político en Argentina. La estrategia legal, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, busca frenar el proceso de extradición solicitado por el gobierno mexicano, argumentando que el exmilitar es víctima de una fabricación de culpables.
Farías Laguna, requerido por un juzgado del Estado de México bajo cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, es señalado por la Fiscalía General de la República como uno de los líderes de una red que operaba el ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos. No obstante, su defensa sostiene que el exmilitar fue quien denunció originalmente las irregularidades ante su superior jerárquico, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El abogado Mendieta argumenta que, al señalar a Farías Laguna como líder, las autoridades federales están encubriendo a mandos con mayor capacidad de toma de decisiones. La defensa subraya que el excontralmirante y su hermano, Manuel Roberto —también imputado—, son sobrinos del exsecretario, un vínculo que, según la defensa, ha sido utilizado para construir un relato de culpabilidad predeterminado.
El gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha confirmado que realiza gestiones diplomáticas para lograr la deportación inmediata del exmilitar. La base legal de esta solicitud mexicana es que Farías ingresó a Argentina el 1 de abril portando un pasaporte guatemalteco falso, un delito por el cual deberá responder ante las autoridades argentinas antes de cualquier traslado a territorio nacional.
El caso ha cobrado relevancia política por la presunta implicación de altas esferas de la Marina en el llamado «huachicol fiscal». Mientras el gobierno federal rechaza cualquier nexo entre la institución y la red de contrabando, la defensa de Farías insiste en que el proceso judicial en México carece de pruebas concluyentes y está viciado por una intención política de cerrar el caso rápidamente.
La situación del exmilitar en Buenos Aires se mantiene en vilo. La justicia argentina deberá ahora evaluar la validez de la solicitud de asilo frente a los delitos cometidos en su jurisdicción y la solicitud formal de extradición emitida por la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez.
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