Sebastián Cortés, Noticias de México
CDMX a 24 de mayo del 2026 (Noticias de México).- La diferencia entre los casos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, quedó marcada por el nivel de los señalamientos y el origen de las investigaciones: mientras el primero enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, la segunda fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente en calidad de testigo dentro de una indagatoria derivada de un operativo antinarcóticos.
El caso más delicado corresponde a Rocha Moya. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación penal contra el mandatario sinaloense y otras 37 personas, entre ellas integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según el expediente S9 23 Cr. 180, el grupo criminal habría brindado apoyo logístico, económico y de intimidación para favorecer el triunfo electoral de Rocha en la elección de 2021.
De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, el presunto respaldo incluyó presión a adversarios políticos, manipulación de votos y operaciones para beneficiar a candidatos aliados en alcaldías y diputaciones locales. Además, las autoridades señalan supuestas reuniones entre Rocha Moya y líderes criminales como Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán, en las que se habría pactado protección e impunidad a cambio de permitir operaciones del cártel en Sinaloa.
La acusación también involucra a otros funcionarios, entre ellos alcaldes, mandos policiales y un senador, quienes presuntamente habrían recibido sobornos millonarios para facilitar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de proporcionar información sobre operativos y evitar detenciones.
Tras las acusaciones, la FGR abrió una carpeta de investigación y citó a Rocha Moya y a otros implicados para rendir entrevista ministerial. El gobernador con licencia ha rechazado los señalamientos y aseguró que comparecerá “con la frente en alto”. Reportes periodísticos indican además que autoridades estadounidenses habrían promovido fichas rojas de Interpol.
En contraste, el caso de Maru Campos se desarrolla en un contexto distinto y, hasta ahora, sin acusaciones formales por vínculos con grupos criminales. La gobernadora panista fue citada a declarar como testigo dentro de una investigación federal relacionada con un operativo realizado en abril de 2026 en la sierra Tarahumara, donde autoridades estatales y federales desmantelaron un presunto narcolaboratorio en el municipio de Morelos.
La operación generó controversia luego de que trascendiera la participación de presuntos agentes de la CIA, lo que abrió una investigación sobre posibles violaciones a la soberanía nacional y la cadena de mando del despliegue. Durante el operativo ocurrió además un accidente en el que murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.
La FGR citó tanto a Maru Campos como al exfiscal estatal César Jáuregui para comparecer el próximo 27 de mayo. La mandataria estatal acusó una presunta persecución política y afirmó que se busca presionar a quienes combaten al crimen organizado, mientras —dijo— se ignoran casos con acusaciones más graves, en referencia indirecta a Rocha Moya.
En medio de la polarización política, tanto la FGR como la Secretaría de Gobernación han insistido en que las comparecencias forman parte de diligencias ministeriales ordinarias y no representan, por ahora, imputaciones formales contra ninguno de los involucrados. Hasta la fecha, los señalamientos más severos contra Rocha Moya provienen de la justicia estadounidense y permanecen en etapa de investigación en México.
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