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Turnan a comisiones del Senado iniciativa de Zatarain para tipificar el robo de agua

Redacción Noticias de México · 16 de noviembre de 2026
Medidores de agua dentro de un nicho con puertas de madera en una pared de azulejos azules
Imagen ilustrativa

Por Bruno Cortés

La propuesta de la senadora Susana Zatarain García, del PAN, para tipificar en el Código Penal Federal el robo y la extracción ilegal de agua quedó en manos de las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, que serán las encargadas de analizarla y, en su caso, dictaminarla.

Así lo informó la Coordinación de Comunicación Social del Senado en su boletín 0470, difundido este lunes 16 de noviembre de 2026, en el que se detalla el contenido de la iniciativa contra el llamado “huachicol de agua”.

El planteamiento de la legisladora

Según el boletín, Zatarain García advirtió que es necesario fortalecer el marco jurídico federal para hacer frente al robo y extracción ilegal de agua, una práctica que, dijo, afecta el patrimonio público y la infraestructura hidráulica del país y compromete el derecho de las personas al acceso, disposición y saneamiento del recurso.

La senadora sostuvo que el crecimiento de las tomas clandestinas, la perforación ilegal de pozos y la sustracción del recurso para su comercialización evidencian la necesidad de mecanismos legales para prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva esas conductas. Como respaldo, citó que entre 2019 y septiembre de 2022 se registraron más de 131 mil tomas ilegales, con mayor concentración en Aguascalientes, Estado de México y Nayarit.

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Qué modificaría en el Código Penal Federal

La iniciativa propone una pena de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización para quien, sin concesión, asignación, permiso, autorización o título legalmente exigible, extraiga, sustraiga o aproveche ilícitamente aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, así como agua que provenga de redes, tuberías, tomas, pozos, depósitos o cualquier infraestructura hidráulica pública o privada.

La misma sanción se aplicaría a quien perfore, habilite, altere o manipule pozos, tomas, instalaciones hidráulicas o dispositivos de medición con el fin de extraer o sustraer el recurso ilícitamente, y a quien lo almacene, transporte, suministre o comercialice cuando haya sido obtenido de manera ilegal.

Agravantes

El proyecto establece que las penas aumenten hasta en una mitad cuando la conducta se realice de manera organizada, afecte el suministro de una población o cause un daño significativo a un acuífero, río, lago, humedal u otro ecosistema relacionado.

Comercialización con fines de lucro

Para quien dolosamente traslade, distribuya, almacene o comercialice agua con fines de lucro sabiendo que fue extraída u obtenida ilegalmente, la propuesta fija dos rangos: con menos de 50 mil litros, prisión de tres a cinco años y multa de 200 a 500 UMA; con 50 mil litros o más, prisión de seis a 10 años y multa de 300 a 800 UMA.

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El recorrido legislativo

El turno a comisiones unidas es el primer paso formal de una iniciativa en el Senado. Las comisiones deben elaborar un dictamen que, de ser aprobado por sus integrantes, se presenta al pleno para su discusión y votación. Por tratarse de una reforma a una ley federal, si el Senado la aprueba, la minuta tendría que ser revisada también por la Cámara de Diputados.

La participación de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica responde a la materia de la propuesta, mientras que la de Estudios Legislativos Primera se encarga de la revisión técnica y jurídica del proyecto. El boletín no informa sobre fechas de análisis ni sobre reuniones de trabajo programadas.

El objetivo declarado

Con la iniciativa, según el documento, la senadora busca cerrar vacíos jurídicos y garantizar que el agua sea protegida como un bien de interés público y no como una fuente de lucro mediante actividades ilícitas.

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Lo que no precisa el boletín

El comunicado no detalla qué artículos del Código Penal Federal se reformarían o adicionarían, ni la fuente de la cifra de tomas ilegales que cita la legisladora. Tampoco recoge opiniones de otras fuerzas políticas, de la Comisión Nacional del Agua o de los organismos operadores de agua potable sobre la propuesta, por lo que su viabilidad dependerá del debate que se dé en las comisiones dictaminadoras.

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