Tres leyes en la mira: Víctor Mercado va por reglas claras para intérpretes de personas indígenas

Por Bruno Cortés

El senador de Morena Víctor Mercado Salgado presentó una iniciativa que modifica tres ordenamientos para establecer los principios que deben guiar a las autoridades cuando asignan traductores e intérpretes a personas de comunidades indígenas que enfrentan un proceso penal.

Según el boletín 0382 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, difundido este sábado 31 de octubre, la propuesta reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El diagnóstico

El punto de partida del legislador es que la obligación de proporcionar intérpretes ya está en la ley, pero sin el contenido mínimo que debe reunir esa garantía desde una perspectiva de “justicia intercultural”. La reforma, dijo, busca que las diferencias culturales no constituyan un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

Mercado Salgado afirmó que en un país pluricultural como México es fundamental que las autoridades de procuración e impartición de justicia rompan las barreras del lenguaje y atiendan las deficiencias institucionales que impiden a la población acceder a sus derechos en condiciones de igualdad.

Lo que cambiaría en el procedimiento penal

De acuerdo con el boletín, cuando una persona perteneciente a un pueblo o comunidad originaria necesite asistencia de interpretación, las autoridades que intervengan en el procedimiento deberán garantizar que sea oportuna, efectiva y culturalmente pertinente, conforme a su lengua y, cuando corresponda, a su variante lingüística.

La autoridad competente tendrá que hacer sin dilación las gestiones para identificar y localizar intérpretes. Si no es posible localizar oportunamente a una persona acreditada, se podrá designar a alguien con los conocimientos necesarios de la lengua y la cultura, “previa verificación de su idoneidad”.

Además, mientras no esté garantizada la interpretación, no podrán realizarse actuaciones que requieran la intervención, manifestación de voluntad o ejercicio de un derecho procesal de la persona, salvo actos urgentes que legalmente procedan y no menoscaben sus derechos.

El papel de las instituciones

La iniciativa contempla que el mecanismo promueva la coordinación entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las autoridades competentes, a efecto de facilitar la atención oportuna de los requerimientos de asistencia lingüística. Ahí entra la reforma a las leyes en materia de pueblos indígenas, que son el marco de las instituciones especializadas en lenguas y comunidades.

Para personas detenidas o actuaciones sujetas a plazos constitucionales o legales, la propuesta establece que deberán implementarse mecanismos de atención prioritaria.

Turno a comisiones

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, que serán las encargadas de analizarla. El boletín no informa de un calendario para su dictamen ni de adhesiones de otros senadores o grupos parlamentarios.

No es la primera vez en este periodo que el Congreso discute los derechos lingüísticos: hace unas semanas se informó de la aprobación en el Senado de la enseñanza en lenguas originarias, y en San Lázaro también se han planteado los cambios planteados a la consulta de pueblos indígenas y afromexicanos.

El argumento de fondo

Para Víctor Mercado, el acceso a la justicia no se agota en la existencia de tribunales o procedimientos previamente establecidos. Implica que toda persona pueda comprender el proceso en el que interviene, ejercer adecuadamente su derecho de defensa, comunicarse de manera efectiva con las autoridades y participar activamente en las decisiones que afectan su esfera jurídica.

En esa lógica, el idioma no es un trámite accesorio, sino una condición para que el debido proceso funcione. La iniciativa intenta trasladar ese principio a reglas operativas: quién busca al intérprete, en qué plazo, con qué requisitos y qué pasa si no se encuentra.

Lo que falta saber

El boletín no detalla cuántos intérpretes acreditados existen hoy ni cuánto costaría aplicar la reforma, y no recoge la opinión de fiscalías, defensorías o del Poder Judicial. Esos elementos serán relevantes durante el análisis en comisiones.

La reflexión sobre las lenguas como herencia cultural, recogida en el valor de las lenguas originarias como patrimonio vivo, ayuda a dimensionar lo que está en juego cuando una persona no puede usar su propia lengua ante la ley.