Senadores del PV marcan agenda con paquete de reformas para blindar entorno marino y dinamizar la economía
CIUDAD DE MÉXICO a 5 de septiembre del 2026 (Noticiad de México). — Con el objetivo de articular una agenda legislativa de alto impacto que combine la protección ambiental con la modernización económica, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Senado un paquete de cuatro iniciativas de reforma destinadas a cerrar vacíos regulatorios clave.
El paquete parlamentario coloca en el centro el blindaje del patrimonio natural y el impulso a la competitividad del país a través de los siguientes ejes:
- Protección de pastos marinos: Propone modificar la Ley General de Vida Silvestre para evitar que proyectos turísticos o productivos degraden estos ecosistemas, esenciales en la captura de carbono azul y el equilibrio costero.
- Regulación pesquera: Plantea reformar la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables con un enfoque preventivo hacia la acuicultura intensiva de pulpos, priorizando el equilibrio marino sin impactar la pesca artesanal.
- Electromovilidad como prioridad de Estado: Busca integrar este rubro en la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad, posicionándolo como un motor industrial para la atracción de inversiones, infraestructura y empleo especializado.
- Justicia digital para el consumidor: Reformará la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a las grandes empresas a resolver conciliaciones mediante vías digitales y sancionar el desinterés comercial.
Posicionamiento e impacto político
El despliegue de estas iniciativas fortalece la posición estratégica del PVEM dentro de la bancada oficialista, perfilando al partido como un actor clave en la definición de políticas públicas que entrelazan la sustentabilidad con el desarrollo tecnológico.
Al defender la propuesta, Ortiz Domínguez subrayó que las iniciativas buscan dotar al Estado de herramientas jurídicas modernas para competir globalmente, asegurando que la transición hacia una economía ecológica y digital se traduzca en garantías directas para la ciudadanía.
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