“Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”: Ostoa va contra cobros de telefónicas

Por Bruno Cortés

“Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”. Con esa frase, el senador Aníbal Ostoa Ortega, de Morena, resumió la iniciativa que presentó en la sesión plenaria del pasado 21 de octubre para eliminar las penalizaciones por cancelar de forma anticipada servicios de telefonía móvil que incluyen un equipo financiado. El Senado de la República difundió los detalles este 24 de octubre en el boletín 0332.

El legislador planteó la propuesta como una medida para frenar prácticas abusivas de las empresas de telefonía móvil. Sostuvo que, en estos casos, a las compañías solo les corresponde reclamar el pago proporcional del saldo pendiente del dispositivo.

Una reforma en dos frentes

La iniciativa reforma diversos artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Su propósito es prohibir que las empresas condicionen la contratación, continuidad o renovación de sus servicios a la entrega de fianzas, depósitos en garantía, garantías financieras u otros mecanismos de respaldo económico previo.

Ostoa Ortega explicó que, para garantizar el cumplimiento de estas medidas, las restricciones se incorporarían en ambos ordenamientos: en la regulación de telecomunicaciones y en las disposiciones de protección al consumidor. El objetivo, dijo, es establecer reglas claras sobre los cobros y las condiciones impuestas a los usuarios.

El discurso del senador

En su intervención, el legislador colocó el tema en clave de derechos. “Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas que durante años se normalizaron en nuestro país por parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil”, indicó.

Recalcó que, si existe un equipo financiado, el usuario deberá cubrir exclusivamente el saldo pendiente del dispositivo, porque eso es justo, razonable y válido. Y extendió el argumento a las garantías que se piden al contratar: desde el primer día, dijo, los ciudadanos son tratados como posibles deudores y obligados a entregar garantías económicas para acceder a un servicio esencial.

“Cada año, millones de mexicanos son castigados económicamente por cancelar un servicio, se les cobra por irse o por elegir otra opción, pero también son obligados a constituir fianzas, pagar primas anuales o depósitos en garantía y se les señala como deudores antes que como clientes”, señaló.

Interés social frente a abuso privado

El planteamiento del senador apunta a dos momentos distintos de la relación entre usuarios y empresas: la salida, cuando alguien decide cancelar un contrato, y la entrada, cuando se le piden garantías para contratar. En ambos casos, la iniciativa busca que el usuario pague únicamente por lo que efectivamente recibe o adquiere, ya sea el servicio o el equipo.

Según Ostoa Ortega, el proyecto beneficiaría a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México y deja en claro que el interés social siempre estará por encima de cualquier abuso privado.

El senador detalló que las modificaciones buscan fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias, eliminar prácticas contractuales desproporcionadas y consolidar un marco regulatorio acorde con los principios de libre elección, competencia efectiva y equidad contractual.

Un sector en movimiento

La iniciativa se presenta mientras el mercado de telefonía vive cambios relevantes para los usuarios. Entre ellos destaca la compra de AT&T México por Televisa y lo que implica para las líneas y deudas, así como el calendario para registrar las líneas móviles, dos temas que han llevado a millones de personas a revisar las condiciones de su servicio.

La ruta en el Senado

Las comisiones a las que se turnó la iniciativa son las encargadas de revisar su contenido, escuchar, en su caso, a los sectores involucrados y proponer cambios antes de someterla a votación.

La propuesta se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, que deberán analizarla y emitir el dictamen correspondiente. De aprobarse en comisiones, pasaría al pleno de la Cámara alta y, posteriormente, a la Cámara de Diputados. Solo después de completar ese proceso y publicarse, sus disposiciones serían obligatorias para las empresas del sector.