Golpe al «huachicol»: el Senado recibe reforma aduanera con multas de hasta 100% al contrabando de combustibles

CIUDAD DE MÉXICO a 8 de octubre del 2026 (Noticias de México).— En un movimiento clave para blindar los ingresos fiscales y apretar el cerco contra el contrabando de combustibles en las fronteras, el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta para reformar la Ley Aduanera, orientada a endurecer la trazabilidad e inspección de hidrocarburos y petrolíferos en el país.

El paquete de reformas, turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, envía una señal política de tolerancia cero frente a la evasión en el sector energético al establecer multas del 50 al 100 por ciento del valor comercial de las mercancías a quienes incurran en esquemas de contrabando o burlen los controles aduanales. La iniciativa busca garantizar la recaudación fiscal y frenar la competencia desleal en el mercado de hidrocarburos.

Marco legal para la economía digital y la CURP Digital
Dentro del mismo paquete legislativo remitido por la colegisladora, la Cámara Alta recibió la minuta para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera.

Esta propuesta busca formalizar la inclusión financiera, dar certidumbre jurídica a las transacciones electrónicas y agilizar trámites administrativos mediante dos herramientas clave:

CURP Digital: Implementada como mecanismo de identidad y confianza para la contratación de servicios financieros.

Expediente Digital Ciudadano: Plataforma centralizada para la consulta y uso seguro de documentos personales ante dependencias e instituciones.

Homologación de registros inmobiliarios en el país
Finalmente, la Mesa Directiva del Senado dio entrada a la minuta para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. El proyecto propone articular a la Federación, los estados y los municipios para homologar, modernizar e interconectar los catastros y registros públicos de la propiedad a nivel nacional, reduciendo márgenes de opacidad en el sector inmobiliario.