Aranceles, migrantes y soberanía: Senado exige blindar política exterior frente a tensiones con EU
CIUDAD DE MÉXICO a 19 de octubre del 2026 (Noticias de México).— La protección de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, la defensa de la soberanía nacional y la certidumbre económica del país deben mantenerse al margen de las disputas partidistas, aseveró el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda.
Al definir la diplomacia como una función estratégica del Estado mexicano, el legislador remarcó que las decisiones en materia internacional deben trascender las diferencias políticas legítimas para articular una postura de Estado firme y unificada frente a los desafíos bilaterales con Washington.
«Las coincidencia construyen acuerdos y las diferencias examinan las decisiones públicas, pero la defensa de nuestra soberanía y de las y los mexicanos en el extranjero debe colocarse por encima de cualquier diferencia partidista», enfatizó el líder de la Mesa Directiva.
Migración, aranceles y certidumbre para la inversión
Martínez Miranda situó el debate diplomático en los puntos de mayor fricción para la economía y la sociedad mexicana:
- Reconocimiento a la diáspora: Recordó que los millones de connacionales radicados en Estados Unidos —que enfrentan riesgos permanentes de deportación— han sido actores clave en el desarrollo económico y social de la nación norteamericana.
- Impacto comercial de las trabas arancelarias: Advirtió que la imposición de aranceles o barreras comerciales a las exportaciones mexicanas genera afectaciones severas en la integración productiva a ambos lados de la frontera.
- Inversión y combate a la causa de la migración: Señaló que la clave para contener la migración forzada radica en brindar certidumbre jurídica a los empresarios nacionales y extranjeros, fomentar la inversión, generar empleos dignos y combatir frontalmente la delincuencia e inseguridad.
Finalmente, el presidente de la Cámara Alta subrayó que el Senado continuará ejerciendo su facultad constitucional de supervisión para que la Cancillería se mantenga apegada a los principios rectores del artículo 89 de la Constitución: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la defensa irrestricta de los derechos humanos.



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