Morena y PAN chocan por espectaculares en CDMX y Chihuahua; acusan censura y propaganda política

La disputa política entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) escaló al terreno de la publicidad exterior con la colocación de espectaculares de contenido crítico en la Ciudad de México y Chihuahua, donde ambos partidos intercambiaron acusaciones de censura, propaganda partidista y presunto uso indebido de recursos públicos.

Uno de los mensajes colocados por el PAN en los anuncios cuestiona el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante la frase “IMSS y nada es lo mismo”, mientras que en Chihuahua apareció otro con la leyenda “Muerte y Morena es lo mismo”, como parte de una estrategia de comunicación enfocada en cuestionar las políticas de seguridad y salud pública impulsadas por gobiernos vinculados con Morena.

La respuesta del partido oficialista fue exigir el retiro de los anuncios y cuestionar el origen de los recursos utilizados para su contratación. En Chihuahua, dirigentes de Morena anunciaron que acudirían ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para denunciar la campaña contra el IMSS, al considerar que los mensajes buscan desacreditar al movimiento y al gobierno federal.

Morena también ha sostenido que los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos deben orientarse a actividades partidistas y propuestas políticas, y no a campañas que, desde su perspectiva, tengan como objetivo principal desacreditar a sus adversarios. Estas acusaciones deberán ser determinadas, en su caso, por las autoridades electorales competentes y no únicamente mediante declaraciones partidistas.

En la Ciudad de México, la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, denunció presuntas presiones hacia empresas dedicadas a la publicidad exterior. De acuerdo con la dirigente panista, algunos empresarios se habrían negado a rentar espacios para los mensajes de su partido debido a supuestas amenazas relacionadas con el Gobierno de la Ciudad de México.

La acusación coloca nuevamente en el centro del debate el uso de espacios publicitarios y los límites entre regulación gubernamental y libertad de expresión política. Hasta ahora, las declaraciones de la dirigencia panista constituyen señalamientos políticos y requieren elementos documentales o investigaciones oficiales que permitan establecer si existió alguna intervención indebida de autoridades capitalinas.

El conflicto ocurre además en un contexto en el que la Ciudad de México ha endurecido la regulación de la publicidad exterior. La legislación capitalina contempla disposiciones para ordenar, regular y retirar estructuras publicitarias que representen riesgos o incumplan las condiciones establecidas por las autoridades, particularmente en materia de seguridad y uso del espacio urbano.

La discusión sobre los espectaculares no es nueva en la capital. En años recientes, el Gobierno de la Ciudad de México ha impulsado el retiro de anuncios instalados en azoteas, bajo argumentos relacionados con seguridad estructural, contaminación visual y cumplimiento de la normativa. Sin embargo, la utilización de espacios de publicidad exterior con fines políticos añade una dimensión electoral al debate regulatorio.

El episodio también evidencia la creciente disputa por el control de las narrativas públicas sobre dos asuntos particularmente sensibles para la ciudadanía: la seguridad y los servicios de salud. Mientras el PAN busca posicionar mensajes de crítica contra los gobiernos de Morena, el partido oficialista intenta deslegitimar esas campañas al señalarlas como propaganda de desprestigio.

Más allá del intercambio de acusaciones, el punto central será determinar si los anuncios cumplen con las disposiciones electorales, administrativas y de publicidad exterior aplicables, así como establecer quién financió su contratación y si existieron presiones indebidas para impedir su colocación. La resolución de esas cuestiones corresponde a las autoridades competentes y no a las dirigencias partidistas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparentar el financiamiento de la propaganda política, garantizar condiciones equitativas para los partidos y evitar que la regulación de la publicidad exterior sea utilizada como mecanismo de censura. En un escenario de creciente confrontación política, la fiscalización de los recursos y el cumplimiento de las normas serán determinantes para distinguir entre crítica política legítima y posibles infracciones.