Tener hijos o mascotas no debería impedir rentar una vivienda, plantea Brugada

La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entró en una nueva etapa de revisión legislativa con el inicio de 10 mesas de diálogo en el Congreso de la Ciudad de México. La propuesta busca impedir que las personas sean rechazadas al rentar una vivienda por tener hijas, hijos o animales de compañía, así como por motivos relacionados con su edad, género, orientación sexual, origen étnico o apariencia física.

El proceso comenzó el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 17 de noviembre de 2026. Durante este periodo, legisladores, especialistas, organizaciones y sectores relacionados con el mercado inmobiliario podrán exponer sus posiciones sobre una iniciativa que plantea modificar las reglas de los arrendamientos en la capital.

Es importante precisar que la propuesta todavía no constituye una nueva ley vigente. El Congreso deberá analizar las observaciones, revisar su contenido y, en su caso, elaborar un dictamen para someterlo a consideración del pleno. Por tanto, sus disposiciones podrían modificarse antes de una eventual aprobación.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es establecer que la convivencia con niñas, niños, bebés y animales de compañía no pueda utilizarse como motivo para negar o condicionar el acceso a una vivienda. La iniciativa también contempla protección frente a actos discriminatorios por origen étnico o nacional, lengua, edad, género, orientación e identidad sexual y apariencia física.

Sin embargo, existe un antecedente legal que debe distinguirse de la nueva iniciativa. El 27 de octubre de 2025 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma al artículo 4 de la Ley de Vivienda, que establece que la cohabitación con infancias y seres sintientes no puede representar un obstáculo para ejercer el derecho a la vivienda. La disposición también contempla otras condiciones personales protegidas contra la discriminación.

Esto significa que la protección contra la discriminación por tener hijos o animales de compañía no depende exclusivamente de que se apruebe la nueva Ley de Rentas Justas. Ya existe un fundamento en la legislación de vivienda capitalina, mientras que la iniciativa de Brugada busca desarrollar reglas específicas para las relaciones entre arrendadores e inquilinos y establecer mecanismos de cumplimiento.

Otro punto relevante es la regulación de los requisitos para celebrar contratos. El proyecto plantea que los propietarios únicamente puedan solicitar una garantía, como aval, fianza o póliza, con el propósito de evitar que los solicitantes deban reunir varios mecanismos de respaldo económico para acceder a un inmueble.

La propuesta también contempla limitar los incrementos anuales de las rentas a la inflación registrada durante el año anterior. De acuerdo con la explicación presentada por la Jefatura de Gobierno, la medida pretende evitar aumentos que superen ese indicador, además de establecer sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas en la legislación.

Entre los mecanismos institucionales planteados se encuentra la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecería asesoría y acompañamiento jurídico gratuito. También se propone establecer un registro digital de contratos bajo responsabilidad de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), así como medidas de acompañamiento social durante los procedimientos de desalojo.

Las 10 mesas de diálogo aprobadas por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia buscan recoger opiniones de personas arrendadoras, arrendatarias, especialistas, organizaciones vecinales y representantes del sector empresarial. El acuerdo para realizar estos encuentros fue aprobado el 2 de noviembre de 2026.

El debate legislativo tendrá que abordar no solamente la protección de quienes rentan, sino también la certeza jurídica de los propietarios, los mecanismos para verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones y la capacidad de las autoridades para atender controversias. La regulación de los contratos y de los precios representa uno de los puntos que requerirá mayor revisión para evitar disposiciones difíciles de aplicar.

Por ahora, la iniciativa continúa en etapa de análisis y no existe una aprobación definitiva. Las conclusiones de las mesas deberán incorporarse al proceso de revisión legislativa antes de que las comisiones determinen si el proyecto está en condiciones de avanzar hacia su discusión y eventual votación en el pleno.

Fuentes: Congreso de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México y Jefatura de Gobierno.