Propietarios buscan blindar sus viviendas ante riesgo de despojo en CDMX

De acuerdo con cifras difundidas por el Colegio de Notarios, durante 2025 se otorgaron 4 mil 28 citas de Consultorías Jurídicas Gratuitas, mientras que en 2026 la demanda reportada habría alcanzado 7 mil 478 atenciones, un aumento de 85.7 por ciento. El dato refleja una mayor búsqueda de orientación para prevenir o enfrentar problemas relacionados con inmuebles, aunque no implica por sí mismo que todos los casos correspondan a despojos consumados.

El propio Colegio ha señalado que una parte importante de las consultas está relacionada con la regularización de inmuebles, escrituración, testamentos y sucesiones. El problema adquiere relevancia cuando las propiedades continúan registradas a nombre de personas fallecidas, existen contratos privados de compraventa o la documentación no ha sido actualizada durante años.

Las cifras oficiales del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI muestran que 10.2 por ciento de las viviendas particulares habitadas propias en la Ciudad de México no contaba con escrituras, mientras que en 9.5 por ciento el documento estaba a nombre de otra persona. En contraste, 78.8 por ciento tenía escrituras a nombre de la persona propietaria residente.

Estos datos ayudan a dimensionar el problema más allá de los casos que llegan a una denuncia penal. La falta de documentos actualizados, los procesos sucesorios inconclusos o la existencia de títulos a nombre de terceros pueden generar incertidumbre sobre la titularidad y dificultar la defensa del patrimonio cuando aparece un conflicto.

El contexto de 2026 también incluye una estrategia específica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para atender el despojo. La institución informó que entre el 5 de agosto y el 15 de septiembre inició 435 carpetas de investigación, de las cuales 101 correspondieron a casos confirmados de despojo; además, reportó 75 aseguramientos e inmuebles recuperados durante ese periodo.

Al sumar investigaciones previas incorporadas a esa estrategia, la FGJCDMX reportó 267 inmuebles recuperados y asegurados y 183 casos judicializados. La Fiscalía también informó que 120 casos recientes se encontraban en proceso de mediación. Estas cifras corresponden a actuaciones ministeriales y no deben confundirse con el número de consultas notariales ni con el universo total de conflictos inmobiliarios en la capital.

Ante este escenario, el Colegio de Notarios ha impulsado la campaña “Escudo Protector”, mediante la cual recomienda regularizar los inmuebles mediante escritura y procurar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. La institución sostiene que contar con documentación notarial actualizada permite acreditar jurídicamente la propiedad y reducir riesgos ante intentos de apropiación ilegal.

La recomendación adquiere especial importancia para quienes heredaron una vivienda que todavía aparece a nombre de un familiar fallecido. En esos casos, el Colegio plantea recurrir a asesoría especializada para determinar el procedimiento sucesorio correspondiente, en lugar de asumir que la posesión física o un acuerdo familiar bastan para acreditar plenamente la propiedad.

El Colegio mantiene Consultorías Jurídicas Gratuitas en sus instalaciones y en sedes de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco. De acuerdo con la institución, las consultas se ofrecen desde hace 48 años como un mecanismo de acceso a orientación jurídico-notarial sin costo.

Más que un indicador aislado sobre el despojo, el incremento de solicitudes evidencia una problemática patrimonial que combina prevención, rezago documental y conflictos sucesorios. Para los propietarios, revisar la situación registral del inmueble, formalizar operaciones de compraventa y actualizar la documentación sucesoria puede reducir incertidumbres; para las autoridades, el reto consiste en que la prevención registral se acompañe de investigación y atención efectiva de las denuncias que sí configuren un delito.

Fuentes: Colegio de Notarios de la Ciudad de México, INEGI y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.