Inquilinos en CDMX: qué cambia con la ley de rentas de Brugada

Por Angélica Beltrán

Para los inquilinos de la Ciudad de México, la iniciativa que presentó este jueves 22 de octubre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, promete cambios concretos en la forma de rentar: menos requisitos para firmar, contratos de al menos un año, una defensoría gratuita y un límite para que los aumentos anuales no rebasen la inflación. La propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles ya fue enviada al Congreso capitalino, según la Jefatura de Gobierno y lo reportado por Publimetro y La Crónica.

Ninguno de estos cambios está vigente todavía. La iniciativa debe discutirse y aprobarse en el Congreso de la Ciudad de México y después publicarse en la Gaceta Oficial. A continuación, lo que plantea para quienes pagan renta y para quienes alquilan sus inmuebles.

Qué cambiaría para los inquilinos al firmar un contrato

El primer cambio está en los requisitos. La propuesta limita las garantías que se pueden pedir a quien busca una vivienda: además del depósito que ya prevé el Código Civil, solo se podrá exigir una garantía de cumplimiento. También prohíbe negar una renta por edad, género, origen étnico u orientación sexual, y garantiza el derecho a vivir con niñas, niños y animales de compañía.

Los contratos deberán durar como mínimo 12 meses y tendrán que inscribirse en un registro digital, que, según el Gobierno capitalino, contará con protección de datos personales. Ese registro servirá para dar seguimiento a las relaciones de arrendamiento y para verificar que se respete el tope a los incrementos.

El tope es la medida central: los aumentos anuales no podrán superar la inflación y habrá sanciones para quien no lo cumpla. Brugada recordó que la regla ya existía en el Código Civil y que la nueva ley busca hacerla efectiva. En esta casa editorial se informó antes sobre las multas que se han planteado para propietarios que suban la renta por encima de la inflación; los montos definitivos dependerán de lo que apruebe el Congreso y quedan pendientes.

Defensoría gratuita y acompañamiento ante desalojos

La iniciativa crea la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá orientación, asesoría jurídica gratuita y mecanismos de conciliación para resolver controversias entre arrendadores e inquilinos. Es decir, un conflicto por un depósito no devuelto o por un aumento indebido podría atenderse sin necesidad de pagar un abogado.

Para los casos más graves, se propone un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, encabezado por la Secretaría de Gobierno, que buscará proteger a familias vulnerables, ofrecer alternativas habitacionales y prevenir actos de violencia. Quienes trasladen muebles durante un desalojo deberán tener capacitación en derechos humanos. Brugada aclaró, sin embargo, que la ley no impedirá que se ejecuten las órdenes de un juez.

Las obligaciones de los inquilinos y de los propietarios

La regulación no solo protege a quien renta. Los inquilinos estarán obligados a pagar puntualmente, conservar la vivienda en buen estado y evitar modificaciones estructurales sin autorización. Los propietarios, por su parte, deberán registrar los contratos, mantener los inmuebles en condiciones adecuadas y devolver los depósitos conforme a lo pactado. La mandataria insistió en que “no hay congelación de rentas” y en que se respetará la propiedad privada.

El contexto explica la urgencia del Gobierno local. Casi 30 por ciento de las familias capitalinas vive en una vivienda rentada, más de dos millones de personas, y el número de inquilinos creció 54 por ciento en 15 años, según las cifras oficiales. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, ubicó la renta promedio entre 16 mil 600 y 24 mil pesos mensuales, dependiendo de la zona.

La iniciativa se suma a otras medidas de vivienda de la administración capitalina, como la oferta de departamentos con precio tope que se detalló en ¿Vivienda accesible en CDMX? Norma 26 ofrece 242 departamentos con precio tope. También contempla impulsar vivienda pública en renta y un Observatorio Público de Vivienda para estudiar precios y gentrificación.

Brugada pidió al Congreso abrir un parlamento abierto para escuchar a propietarios, inquilinos y especialistas antes de votar. La fecha en que comenzará la discusión en comisiones no se había dado a conocer al cierre de esta nota, por lo que queda pendiente. Mientras tanto, los contratos actuales siguen rigiéndose por las reglas vigentes del Código Civil.