Despojo inmobiliario en Edomex: investigan 13 denuncias y posibles operaciones fraudulentas

Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) puso bajo la lupa una presunta red dedicada al despojo de viviendas en municipios del oriente mexiquense, donde adultos mayores y familias de bajos recursos habrían sido víctimas de operaciones inmobiliarias presuntamente fraudulentas. El caso también apunta a posibles conexiones en la Ciudad de México y a la participación de personas vinculadas con actividades notariales y registrales.

De acuerdo con información relacionada con la carpeta de investigación 1965/Nezh/2025, las autoridades integran al menos 10 denuncias por despojo, además de tres por amenazas y lesiones contra propietarios que presuntamente se opusieron a perder sus inmuebles. Los señalamientos se concentran principalmente en Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Entre las personas mencionadas en los reportes periodísticos sobre el caso se encuentra José Antonio Reyes Duarte, identificado como titular de la Notaría Pública número 29, con sede en Nezahualcóyotl, así como Óscar Pedroza, señalado como supuesto empresario. Hasta el momento, la información disponible no acredita mediante una resolución judicial la responsabilidad de estas personas, por lo que deben prevalecer la presunción de inocencia y el debido proceso.

Una de las principales líneas de investigación apunta al posible uso de documentación notarial y registral irregular para simular operaciones de compraventa y modificar la titularidad de propiedades. Este mecanismo habría permitido dar apariencia de legalidad a transacciones que, de acuerdo con las denuncias, no habrían sido consentidas por sus legítimos propietarios.

Entre las presuntas irregularidades se encuentra la utilización de espacios vacíos en folios y fechas de libros notariales, que posteriormente habrían sido aprovechados para incorporar operaciones jurídicas simuladas con fechas retroactivas. De confirmarse estos hechos, se trataría de un esquema que habría utilizado instrumentos legales para encubrir actos ilícitos.

Otra línea apunta a posibles filtraciones de información sobre la situación jurídica y registral de los inmuebles, presuntamente obtenida mediante contactos al interior del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM). Esta hipótesis deberá ser esclarecida por las autoridades, particularmente para determinar si existió participación de servidores públicos o un uso indebido de información institucional.

El caso exhibe la vulnerabilidad que enfrentan propietarios, especialmente adultos mayores y personas con recursos económicos limitados, ante posibles esquemas de fraude inmobiliario. También plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de la actividad notarial y los controles para impedir modificaciones irregulares en los registros de propiedad.

La investigación se desarrolla en un contexto en el que la FGJEM mantiene la denominada Operación Restitución, estrategia enfocada en combatir los delitos relacionados con el despojo de inmuebles y devolver las propiedades a quienes acrediten legítimamente su posesión.

De acuerdo con cifras oficiales difundidas al 10 de noviembre de 2026, mediante esta operación se habían asegurado 2 mil 996 inmuebles, de los cuales mil 859 habrían sido restituidos a sus propietarios legítimos. Las cifras reflejan la dimensión del problema en la entidad, aunque también evidencian el reto que representa garantizar que las víctimas recuperen efectivamente sus viviendas.

La FGJEM deberá determinar si las denuncias corresponden a un esquema organizado, establecer las responsabilidades individuales y esclarecer la posible intervención de actores del ámbito notarial y registral. Por ahora, las acusaciones permanecen bajo investigación y no constituyen una declaración de culpabilidad.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate la protección del patrimonio familiar y la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre los procedimientos de escrituración y registro inmobiliario, para evitar que instrumentos jurídicos destinados a brindar certeza sobre la propiedad puedan ser utilizados para despojar a sus legítimos titulares.