Brugada pide equilibrar el derecho a manifestarse con el libre tránsito en CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a realizar marchas y movilizaciones de manera pacífica, con consideración hacia la ciudadanía y procurando reducir las afectaciones a la circulación, en medio de las recientes protestas y bloqueos registrados en distintos puntos de la capital. La mandataria reiteró que su administración respetará el derecho a la libre manifestación, aunque señaló la necesidad de conciliarlo con el libre tránsito y las actividades cotidianas de la población.
En un posicionamiento difundido el 12 de octubre de 2026, Brugada sostuvo que las autoridades deben encontrar un equilibrio entre las personas que exigen la liberación de las vialidades y quienes defienden el derecho a protestar sin interferencias. Afirmó que el gobierno capitalino no buscará reprimir a sindicatos, colectivos ni agrupaciones sociales por expresar sus inconformidades.
“Hay que rechazar la violencia como método”, señaló la mandataria, al insistir en que las manifestaciones deben desarrollarse de forma pacífica. Su llamado se produce en un contexto de movilizaciones que han generado congestionamientos y disputas sobre la manera en que las autoridades intervienen cuando las protestas afectan avenidas principales y otros espacios públicos.
El planteamiento del Gobierno capitalino coloca sobre la mesa dos derechos que deben garantizarse simultáneamente: la libertad de expresión y manifestación, por un lado, y la movilidad de quienes transitan por la ciudad, por otro. Sin embargo, el reto institucional consiste en establecer criterios claros y verificables para atender los bloqueos, evitar el uso desproporcionado de la fuerza y proteger tanto a manifestantes como a terceros.
SSC defiende intervención ante bloqueos viales
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que la dependencia mantendrá una postura de respeto hacia las movilizaciones de integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyas demandas calificó como legítimas. Indicó que la función policial debe incluir la protección de los derechos humanos durante las protestas.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adelantó que el operativo previsto para el 13 de octubre, así como las acciones que se implementen en otras jornadas de manifestación, tendrá un enfoque vial y de monitoreo a distancia de las personas que transiten por las zonas afectadas.
Al referirse a la intervención policial del viernes 9 de octubre, Vázquez Camacho la calificó como “absolutamente excepcional”. Explicó que ese día se registraron alrededor de 26 bloqueos en distintos puntos de la capital, incluidos sectores cercanos al Viaducto, los carriles centrales de Circuito Interior, avenida Tlalpan y zonas de Iztacalco.
De acuerdo con el funcionario, la concentración de movilizaciones provocó congestionamientos y afectaciones severas, por lo que se evaluó la necesidad de intervenir. Como ejemplo, mencionó el caso de un grupo de manifestantes que fue conducido hacia la banqueta, donde pudo continuar con sus expresiones de protesta sin permanecer en la vialidad.
Vázquez Camacho aseguró que los elementos actuaron conforme a los protocolos de actuación policial y uso de la fuerza, con vigilancia para evitar agresiones y enfrentamientos. No obstante, la justificación oficial de un operativo no sustituye la necesidad de documentar las circunstancias de cada intervención, especialmente cuando existen señalamientos sobre posibles afectaciones al derecho de manifestación.
Fiscalía investiga hechos en la alcaldía Cuauhtémoc
En relación con las protestas realizadas en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se inició una investigación por los hechos ocurridos en ese lugar.
La funcionaria agregó que la alcaldía presentó denuncias por presuntos daños a las instalaciones, robos y otras agresiones. La existencia de estas denuncias implica que los hechos deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes, sin que las acusaciones puedan considerarse, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.
Las movilizaciones en Cuauhtémoc también han colocado bajo escrutinio la actuación de autoridades locales y personal de seguridad, así como las versiones contrapuestas sobre lo sucedido durante las protestas. La investigación ministerial deberá establecer las circunstancias de los incidentes y, en su caso, identificar a las personas responsables de conductas posiblemente delictivas.
El caso vuelve a plantear la necesidad de que las autoridades capitalinas comuniquen con precisión los motivos de sus intervenciones, las medidas adoptadas y los resultados de las investigaciones. La protección del espacio público y la circulación no elimina la obligación de respetar los derechos humanos, mientras que el ejercicio de la protesta tampoco exime de responsabilidades por posibles actos de violencia o daños.
Con su llamado, Brugada reiteró que las manifestaciones seguirán siendo respetadas en la capital, pero pidió que las inconformidades se expresen pacíficamente y con consideración hacia la población. El desafío para su administración será traducir ese compromiso en actuaciones consistentes, transparentes y proporcionales, capaces de proteger tanto la protesta social como los derechos de quienes no participan en ella.
Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con base en la información difundida el 12 de octubre de 2026.



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